La Armada Nacional ahora cuenta con una herramienta de última generación para enfrentar una amenaza que cada vez causa más daño en el Pacífico vallecaucano: los drones utilizados para lanzar explosivos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció la entrega oficial del sistema antidrones en la base de Bahía Málaga, un equipamiento que promete detectar dispositivos no tripulados en un radio de hasta cinco kilómetros e identificar más de diez frecuencias diferentes.

El equipo fue adquirido con dineros de la Tasa de Seguridad, tributo creado para fortalecer la respuesta institucional contra el crimen en la región. Según la administración departamental, esta inversión busca proteger tanto a los marinos como a la población civil en una zona que históricamente ha sufrido por el conflicto armado. "El Valle del Cauca no es indiferente frente a las amenazas que enfrentan nuestros marinos", afirmó Toro, destacando que durante el último año la Armada ha sido blanco constante de atentados con drones.

Pero mientras la tecnología llega a las bases militares, sigue creciendo el cuestionamiento político sobre cómo realmente se gastan estos recursos. El senador Ariel Ávila ha levantado la voz con críticas contundentes, señalando que diez años después de creada la Tasa de Seguridad, los resultados en indicadores como homicidios y secuestros muestran un deterioro preocupante hacia 2025 y 2026. El legislador sostiene que existe una "opacidad sistemática" en el manejo del dinero recaudado.

Ávila ha documentado que entre 2018 y 2023 se habrían destinado cerca de 6 mil millones de pesos únicamente en asesorías jurídicas para defender la vigencia del tributo, dineros que pudieron haberse invertido directamente en equipamiento o inteligencia. "La seguridad de nuestro Valle no evidencia progreso. Hay sospechosos crecimientos exponenciales de la inversión en épocas preelectorales", expresó el senador.

El debate va más allá de cifras. Ávila también cuestiona la concentración del gasto en un solo proveedor: la empresa Gestión y Servicios Corporativos, que ejecuta el programa de Gestores de Convivencia con un presupuesto que suma 56 mil millones de pesos. Según el senador, este modelo de contratación única bajo la administración Toro sugiere un posible uso clientelar de recursos que deberían estar destinados únicamente a seguridad.