El Congreso argentino cerró este jueves una apuesta riesgosa: aprobar una ley que le permite pagar su deuda externa desde Buenos Aires o Francia en lugar de Nueva York, donde un juez estadounidense había congelado todos los movimientos. La Cámara de Diputados votó 134 a favor y 99 en contra después de casi 16 horas de debate intenso. Lo que está en juego es nada menos que 29 mil millones de dólares que Argentina debe a sus acreedores.

Para entender el embrollo: Argentina reestructuró su deuda en 2005 y 2010, convenciendo a la mayoría de sus acreedores a aceptar pagos reducidos. Pero un grupo pequeño de fondos de inversión rechazó ese acuerdo y demandó en Nueva York. El juez Thomas Griesa les dio la razón y les otorgó 1.500 millones de dólares. Aquí viene lo complicado: Griesa congeló también los pagos a los acreedores que sí habían aceptado los canjes anteriores, bloqueando a un intermediario estadounidense llamado Bank of New York-Mellon. Argentina quedó en default (cesación de pagos) en julio.

Con esta nueva ley, Argentina reemplaza al banco estadounidense por una entidad estatal propia, Nación Fideicomisos. Así pretende eludir la orden del juez. Los acreedores podrán elegir cobrar en Argentina o en Francia bajo las leyes de esos países. El gobierno argumenta que Francia tiene una legislación más favorable para reestructuraciones porque no privilegia a esos fondos especulativos que Argentina llama "fondos buitre". El ministro de Economía, Axel Kicillof, señaló que se aceptarían otros lugares de pago siempre que estén fuera del alcance del juez Griesa.

Pero aquí empieza el verdadero problema. El exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen, crítico del gobierno, advirtió que "el 70% de los tenedores de bonos bajo legislación de Estados Unidos son fondos que no podrán cambiar la jurisdicción de pago porque su estatuto se lo prohíbe". Dicho de forma simple: aunque Argentina cambie de banco, muchos acreedores siguen atados legalmente a Nueva York. El diputado Martín Lousteau fue más directo: Argentina podría estar creando un "nuevo default" porque Nación Fideicomisos sencillamente no puede pagar a quien no cambie jurisdicción.

Los expertos legales sumaron sus advertencias: la ley podría ser demandada porque altera los términos de los contratos originales. Incluso el juez Griesa ya declaró la norma "ilegal" y advirtió que quien la acate estará violando su orden judicial. Para Argentina es un dilema sin salida fácil: pagar a través de Nueva York es imposible por la orden judicial, pero pagar por otro lado podría abrir nuevos frentes legales. Lo que comenzó como un intento de esquivar a los fondos buitre podría terminar generando más conflictos de los que resuelve.