San Andrés, Providencia y Santa Catalina avanzan en la actualización de su modelo económico. El Proyecto de Ley que busca modernizar el Régimen Económico Especial de las islas acaba de superar el primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, abriendo la puerta a cambios que hace años se esperaban en el Archipiélago.

La iniciativa, presentada por la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, plantea modificar tres leyes claves que rigen la economía insular: la Ley 47 de 1993, la Ley 915 de 2004 y la Ley 2189 de 2022. El objetivo es claro: adaptar el sistema económico del Archipiélago a los desafíos del comercio actual, la transformación productiva y la integración logística con el territorio continental colombiano y el resto del mundo.

Según la congresista, "Este avance legislativo representa un paso importante para responder a las necesidades económicas del Archipiélago y para construir nuevas oportunidades de crecimiento, inversión y desarrollo sostenible para las islas". El proyecto incluye varias medidas concretas: impulsar el comercio electrónico, crear mecanismos para reducir costos logísticos que históricamente han pesado sobre los empresarios locales, fortalecer la competitividad empresarial y simplificar los trámites aduaneros.

Además, busca articular el Archipiélago con las Zonas Francas del país e implementar incentivos para el desarrollo productivo y la generación de empleo en las islas. En el fondo, la propuesta apunta a consolidar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina como un centro estratégico de producción, servicios y logística para el Caribe, aprovechando la ubicación geográfica privilegiada de las islas y permitiendo que los empresarios locales participen en cadenas de valor nacionales e internacionales.

El proyecto sigue su trámite en el Congreso. Ahora debe pasar el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde esperan convertirlo en una herramienta efectiva para fortalecer la economía insular, mejorar la competitividad regional y crear condiciones más favorables para el comercio, la producción y la inversión en el Archipiélago.