El conflicto armado que azota la región de la Sierra Nevada no da tregua. En Aracataca, específicamente en la vereda La Fuente del corregimiento Cerro Azul, comunidades campesinas viven una tragedia humanitaria que pone en jaque la seguridad de cientos de personas. Aunque los enfrentamientos entre grupos armados han cesado momentáneamente, el peligro persiste: hay presencia de actores armados en la zona y la amenaza de artefactos explosivos ronda las viviendas de quienes allí habitaban.

La magnitud del desastre es preocupante. Según datos del Comité de Justicia Transicional, al menos 46 familias, sumando 172 personas en total, han tenido que salir corriendo de sus casas hacia el casco urbano de Aracataca. De esas personas desplazadas, 63 son menores de edad. Otras familias optaron por buscar refugio en municipios vecinos. El problema es que hasta ahora nadie les ha entregado la ayuda humanitaria de emergencia que la ley les garantiza. Quienes decidieron quedarse enfrentan una pesadilla: no pueden moverse libremente, se les prohibe usar transportes y hasta les han quitado celulares y pertenencias.

La Defensoría del Pueblo ha documentado hechos que escalonan la gravedad de lo que sucede. En videos que circularon en septiembre, aparecen personas sosteniendo letreros que dicen "Por peleoneros. En San Pablo no se pelea", pidiendo perdón y asegurando que el grupo autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra está presente en todos los barrios. "Esta es una labor social que nos toca cumplir", afirma el hombre en el video. Las mujeres solo asienten. Semanas antes, otro video mostró a un joven confesando haber sido "perdonado" por robo de motocicletas y nombrando presuntos miembros del grupo.

Lo más inquietante es que 17 videos similares reposan en manos de la ONU sin ser publicados. Estos documentos muestran actos de tortura que, conforme a estatutos internacionales, constituyen crímenes de guerra. Tanto las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra como el Clan del Golfo intentaron adherirse al proceso de Paz Total del Gobierno Nacional, pero sin mostrar resultados reales en el terreno.

La Defensoría ha vinculado esta tragedia a advertencias previas. Una alerta emitida a principios de 2025 ya señalaba que la Sierra Nevada enfrentaba un escenario de alto riesgo. La disputa territorial entre estos dos grupos ha arrasado con la vida de civiles inocentes y aumentado la vulnerabilidad en toda la región. Por eso, la institución ha pedido a las autoridades nacionales y municipales que actúen de inmediato implementando las recomendaciones de esa alerta y activando planes de contingencia.

Los llamados de la Defensoría van dirigidos a múltiples frentes. Le pide a la administración municipal que atienda a los desplazados, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que refuerce la protección a menores, y a la Fuerza Pública que garantice seguridad conforme al Derecho Internacional Humanitario. También exige limpiar la zona de restos de munición y artefactos explosivos, priorizando donde habita la población civil. Y reitera su exigencia a los grupos armados para que respeten los compromisos con el Gobierno y las normas humanitarias.

La Defensoría ha dejado claro que seguirá monitoreando la situación en Aracataca. Mientras tanto, cientos de personas siguen esperando una respuesta que no llega.