La promesa de reparación a las víctimas del conflicto armado sigue siendo más palabras que hechos. Un nuevo informe de la Contraloría General de la República revela que apenas 60 de las 1.197 comunidades reconocidas para recibir reparación colectiva han logrado completar sus procesos. Eso representa solo el 5% del total. Entre estas comunidades están pueblos campesinos, barrios enteros, grupos étnicos y movimientos sociales que sufrieron daños graves en sus derechos humanos durante la guerra interna. Algunos casos recientes incluyen la comunidad campesina de Canalete en Córdoba, la Universidad de Nariño y varios concejales del municipio de El Plato en Magdalena.

El análisis de la Contraloría cubrió los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, entre 2018 y 2025. Los números son desalentadores: se "evidenció un rezago estructural y un desempeño insuficiente en la gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)", según reportó la entidad en un comunicado.

El problema de fondo es el tiempo que tarda el proceso. Según la ley, una comunidad debería completar su ruta de reparación en cinco años. Pero la realidad muestra que está demorando cerca de una década, en promedio. Las proyecciones son aún más preocupantes. "A este ritmo, la proyección de la Contraloría indica que, si se mantiene la tendencia actual, al año 2031 (fecha límite de vigencia de la Ley 1448 de 2011) solo el 9,4% del total de SRC habrán culminado sus procesos de reparación colectiva, lo que dejaría a más de 1.645 comunidades sin culminar sus programas, poniendo en entredicho el cumplimiento de las metas del Acuerdo de Paz y los compromisos internacionales", advirtió la Contraloría.

El dinero también es un obstáculo. Completar la reparación de esas 1.645 comunidades restantes requeriría alrededor de 9 billones de pesos, lo que constituye un desafío serio para las finanzas públicas. Pero lo más grave es que ni siquiera se está utilizando toda la plata disponible. Entre 2018 y 2025, le asignaron a la UARIV casi 931 mil millones para reparación colectiva, pero solo ejecutaron 540 mil millones. Eso significa que dejaron sin gastar el 58% de los recursos. "Esta limitada utilización de los recursos denota serias debilidades de gestión en los planos administrativo, operativo y presupuestal", concluyó el ente de control.

Los números de víctimas que todavía esperan son enormes. Según registros de la UARIV, hay más de 10 millones de víctimas del conflicto armado en el país. La mayoría sufrió desplazamiento forzado: más de 9 millones de personas. Además hay más de 1 millón de homicidios registrados. Mientras estos datos crecen, la máquina de reparación sigue girando lentamente, dejando a comunidades enteras en la espera de un reconocimiento que la ley promete pero el Estado no entrega a tiempo.