El antropólogo wayuu Weildler Guerra Curvelo, docente de la Universidad del Norte, cuestionó de manera frontal el decreto que acaba de expedir el Gobierno nacional sobre la Línea Negra, argumentando que la medida vulnera la autonomía territorial del pueblo wayuu y desconoce decisiones previas del Consejo de Estado.

En una entrevista con Cardenal Stereo, Guerra Curvelo explicó que aunque la Línea Negra existe desde hace décadas y ha sido reconocida por normas nacionales e internacionales para resguardar sitios sagrados de los pueblos de la Sierra Nevada, el problema fundamental surgió con la ampliación de estos espacios. Pasaron de 54 a 348 puntos en el decreto 1500 de 2018, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Según el investigador, esa expansión nunca contó con consulta adecuada al pueblo wayuu, comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, afectando territorios colectivos y zonas estratégicas de La Guajira.

Lo que más preocupa al antropólogo es que el nuevo decreto del Gobierno Nacional va más allá de simplemente proteger espacios sagrados. "Establece mecanismos de gestión territorial y ambiental que podrían incidir sobre proyectos económicos y de desarrollo en el departamento", incluidas iniciativas relacionadas con puertos, transporte de gas, parques eólicos e hidrógeno verde. Esta amplitud de alcances, dice, toca aspectos que van más allá de lo cultural y religioso.

Guerra Curvelo también denunció que varias comunidades wayuu no fueron informadas completamente sobre lo que realmente implica esta medida. Calificó el proceso de consulta adelantado por el Ministerio del Interior como una "consulta exprés" presuntamente llena de irregularidades, sin los tiempos ni los espacios adecuados para que los pueblos evaluaran las consecuencias.

El investigador fue enfático al aclarar que esta no es una pelea entre el pueblo wayuu y las comunidades de la Sierra Nevada, a las que llamó "pueblos hermanos". Se trata, dijo, de una discusión sobre autonomía, territorialidad y el respeto a la igualdad entre pueblos indígenas y grupos étnicos.

Finalmente, Guerra Curvelo señaló que las comunidades wayuu tendrían la posibilidad de acudir a las instancias judiciales para demandar el decreto, considerando que contradice lineamientos del Consejo de Estado y afecta derechos territoriales y culturales que han sido históricamente reconocidos al pueblo wayuu.