Antioquia no logra escapar de una de las peores realidades que viven los menores de edad en Colombia: el reclutamiento forzado por grupos armados ilegales. Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, el departamento continúa entre los territorios más afectados por este flagelo, con cuatro casos reportados entre enero y mayo de 2026.

Las cifras son contundentes y preocupantes. En esos cinco meses, se documentaron 51 casos de reclutamiento forzado en todo el país, de los cuales cuatro ocurrieron en Antioquia. Aunque pueda parecer un número reducido, refleja una realidad que no mejora. Norte de Santander encabeza la lista con 15 reportes y Cauca le sigue con 14, pero Antioquia se mantiene firmemente en los primeros lugares de un ranking que nadie quisiera protagonizar.

Lo más preocupante es que esto no es algo nuevo. Durante 2025, Antioquia ya había registrado 33 casos de reclutamiento de menores, posicionándose como el segundo departamento con más reportes en el país. Solo el Cauca superó estas cifras con 182 casos. Esto muestra una continuidad del problema que persiste y que sigue amenazando la vida de niños, niñas y adolescentes en zonas donde operan estructuras armadas.

El perfil de las víctimas también cuenta una historia de vulnerabilidad. De los casos documentados a nivel nacional, el 65 por ciento corresponde a niños y adolescentes varones, mientras que el 35 por ciento son niñas y adolescentes. La mayoría de estos menores, el 71 por ciento, no pertenece a ningún grupo étnico reconocido, aunque el 17 por ciento forma parte de comunidades indígenas y el 12 por ciento es población afrocolombiana.

Respecto a quiénes están detrás de estos crímenes, la Defensoría identifica al Estado Mayor de los Bloques y Frentes y al ELN como los grupos más señalados, cada uno vinculado al 23,5 por ciento de los casos. Las disidencias sin identificar y el Estado Mayor Central también juegan un rol importante, con el 21,6 por ciento cada una. En menor medida aparecen otras estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y los Comandos de Frontera.

Lo que también llama la atención es cuándo ocurren estos reclutamientos. Enero concentró el mayor número de reportes con el 35 por ciento del total, seguido por febrero con el 23 por ciento. Este comportamiento sugiere que hay momentos del año donde el riesgo se intensifica, información valiosa para reforzar las medidas de protección.

La Defensoría del Pueblo continúa monitoreando esta situación a través de su botón de registro, una herramienta diseñada para documentar casos, fortalecer el seguimiento institucional y proteger a niños, niñas y adolescentes expuestos a la acción de grupos armados en diferentes regiones. Sin embargo, los números muestran que los esfuerzos aún no son suficientes para detener este mal que sigue robando infancias en territorios colombianos como Antioquia.