A menos de dos días de que los antioqueños acudan a las urnas, las autoridades civiles, militares y electorales presentaron un panorama que mezcla tranquilidad operativa con reconocimiento de amenazas reales. El departamento está movilizado para garantizar una jornada democrática que, aunque presenta desafíos de seguridad en algunos territorios, cuenta con despliegues significativos de la fuerza pública.

La Registraduría Nacional confirmó que la máquina electoral ya está en movimiento. Más de 5 millones 448 mil ciudadanos están habilitados para votar el próximo domingo en 15 mil 801 mesas de votación repartidas en los 125 municipios antioqueños. Para atender esta cifra titánica, se contará con 114 mil 301 jurados de votación distribuidos en 1.280 puestos. El traslado de material electoral, jurados y funcionarios hacia las zonas rurales más recónditas ya comenzó desde este viernes, siempre bajo escolta de la fuerza pública.

En el aspecto logístico, hubo necesidad de reubicar nueve puestos de votación. Los cambios respondieron a problemas de infraestructura en instituciones educativas que originalmente albergarían estas mesas. Las traslaciones se hicieron dentro de las mismas zonas y veredas, sin llevarse hacia las cabeceras municipales. Desde Medellín hasta Urrao, se movieron espacios por razones que iban desde deficiencias estructurales hasta riesgo sísmico, como ocurrió en Salgar donde una caseta comunal fue reubicada por daños tras un temblor.

El lado oscuro de este proceso electoral emerge en territorios donde grupos armados ilegales mantienen presencia activa. Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, fue franco al reconocer que en varios municipios "podrían existir presiones hacia la población civil". Especialmente crítica es la situación en Briceño y Anorí, donde hechos recientes de violencia y amenazas han generado desplazamientos. El funcionario señaló que "Anorí y su zona rural han tenido amenazas, han hecho desplazar a algunas personas, ha estado un poco activo, parecido a Briceño, ha habido una actividad, digamos, criminal de los narcotraficantes, sencillamente amenazando a la población civil, pero la garantía es, gracias a Dios, la presencia de la Fuerza Pública".

En total, 21 municipios presentan riesgo extraordinario distribuidos en el Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Magdalena Medio y parte del Suroeste antioqueño. Sin embargo, las autoridades mantienen que aunque haya grupos criminales ejerciendo presión en el territorio, esto no garantiza que los ciudadanos no voten libremente cuando lleguen a las mesas. El desafío está en garantizar esa libertad.

El Ejército Nacional tendrá más de 12 mil 100 uniformados desplegados en 95 municipios, concentrándose en áreas rurales de acceso difícil. La Policía Nacional también activó operativos en todos los municipios del departamento. Desde este sábado entra en vigor la ley seca que se mantendrá hasta la madrugada del lunes. Las autoridades pidieron a los ciudadanos acudir temprano a sufragar, porque después de las 4 de la tarde solo podrán votar quienes ya hayan entregado su documento a los jurados.