La situación humanitaria en Antioquia sigue empeorándose sin tregua. Municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca están atravesando una ola de violencia que ha obligado a miles de personas a abandonar sus casas. El problema no es nuevo, pero sí está mostrando síntomas más graves cada día.

Los números que entregó la Defensoría del Pueblo en los primeros cuatro meses del año pintan un panorama desalentador. Entre el 1 de enero y el 30 de abril se contabilizaron 46 eventos de desplazamiento forzado masivo en todo el país, dejando a 8.249 personas sin hogar. En Colombia, el municipio más afectado es Briceño, con más de 227 casos documentados.

Cristian Cabrera, presidente del Consejo Nacional de Paz, explica que "Antioquia esta teniendo dos miradas, una mirada que tiene con relación al confinamiento y también a la movilidad humana que conocemos como desplazamiento, de igual forma el gobierno no tiene unas garantías de protección claras y los grupos armados están alimentando sus fuerzas". Esta debilidad institucional ha permitido que estructuras armadas consoliden su control en zonas como Ituango, Anorí, Remedios, Segovia, El Bagre y Yondó.

Óscar Yesid Zapata, defensor de Derechos Humanos, advierte que lo que está sucediendo no es casualidad. "Lo único que está permitiendo es que grupos armados ilegales se sigan apoderando de los territorios, no en un escenario nuevo, sino en un escenario en donde se ha visto una línea de tiempo con el interés estratégico, el avance territorial". Detrás de estas cifras hay una lucha constante por controlar terrenos que las antiguas Farc dejaron vacíos.

Los líderes sociales coinciden en señalar que el problema tiene raíces profundas. La reconfiguración de actores armados después de la salida de las antiguas Farc de varios territorios, sumada a los vacíos institucionales que el Estado nunca llenó, han creado las condiciones perfectas para que la violencia prolifere. Es decir, no solo hay grupos criminales peleando por territorios, sino que hay un Estado ausente que no llega con oportunidades ni protección para las comunidades atrapadas en medio del conflicto.