Los números que llegan desde Antioquia son para preocuparse. Según los reportes de organizaciones como Indepaz, la Defensoría del Pueblo y Forjando Futuros, el departamento se posiciona como el más peligroso del país para quienes defienden derechos humanos en lo que va de 2026. Lo más inquietante es que Antioquia supera en casos de violencia a territorios que históricamente han estado bajo fuego, como Cauca, Arauca y Nariño. Las comunidades rurales siguen quedando expuestas ante los grupos armados ilegales que operan en la región.

El panorama se vuelve aún más sombrío cuando se miran los nombres detrás de las estadísticas. Alexander de Jesús Chavarría Montoya era presidente de la Junta de Acción Comunal en el corregimiento La Granja, en Ituango. Este representante campesino fue sacado de su casa por hombres armados y asesinado, a pesar de que ya había denunciado públicamente los problemas de seguridad en su zona. Su caso ejemplifica cómo los líderes comunitarios son especialmente vulnerables en Antioquia.

Lo preocupante es que existe un patrón detrás de estos crímenes. Desde Forjando Futuros advierten que antes de que lleguen las balas, hay una campaña de desprestigio. Primero se estigmatiza a los defensores mediante discursos de odio y desinformación que buscan deslegitimarlos socialmente. Una vez cumplida esa tarea, se hacen blanco fácil para las agresiones físicas. Este esquema afecta especialmente a quienes trabajan por proteger recursos naturales, defender a sus comunidades o recuperar propiedades arrebatadas.

Los expertos son claros en sus análisis: la violencia no es aleatoria. Está directamente conectada con los conflictos antiguos por la posesión de la tierra en las diferentes subregiones y con las disputas por controlar negocios ilegales. Mientras no haya una reforma agraria profunda y real, las estructuras criminales seguirán persiguiendo a los líderes visibles para mantener su dominio sobre los territorios.

Las cifras de violencia masiva completan un cuadro desolador. En el primer trimestre de 2026, Antioquia fue responsable de seis de las 35 masacres ocurridas en todo el país. La Defensoría del Pueblo subraya que estos números trascienden las simples estadísticas: cada asesinato destruye un poco más el tejido organizativo que sostienen las comunidades locales. A nivel nacional, desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016, ya hay registrados 1.699 defensores de derechos humanos asesinados.