Mientras el presidente Gustavo Petro llegaba este miércoles a la Universidad de Antioquia para presentar su balance en salud, el departamento exponía cifras que pintan un panorama desolador: los hospitales están asfixiados, los pacientes esperan días para ser atendidos y la deuda de las EPS intervenidas con la red hospitalaria pasó de 1,8 billones de pesos en 2022 a más de 7 billones en 2026. Es una crisis que toca la vida diaria de casi la mitad de los antioqueños, pues Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud, las tres EPS intervenidas, cuentan entre todas con casi 4 millones de afiliados en la región.

El gobernador Andrés Julián Rendón no esperó a que terminara la presentación presidencial para lanzar sus cuestionamientos. Señaló que espera que Petro pueda rendir cuentas "a los antioqueños y desde Antioquia al país de cómo destruyó el sistema público de salud". Para Rendón, el Gobierno nacional ha generado una "asfixia deliberada, autoinfligida, de la EPS que él intervino", dejando "sin oxígeno" a la red hospitalaria. El problema, según la Secretaría de Salud de Antioquia, radica en que las EPS dejaron de girar dinero a hospitales y clínicas, cortando el flujo de recursos que mantiene funcionando estas instituciones.

El impacto es evidente en las calles y salas de urgencia. Las emergencias están sobrecargadas al 126 por ciento de su capacidad. Los tiempos de espera para remisiones pasaron de 24 a 36 horas en 2022 a tres o cuatro días hoy. En Medellín, hay ausencia total de citas prioritarias y fallas generalizadas en la entrega de medicamentos, especialmente para usuarios de Nueva EPS. Desde 2022 se han cerrado 1.787 servicios de salud en toda Antioquia. La Alcaldía de Medellín ha tenido que invertir casi 500 mil millones de pesos desde 2024 solo para mantener funcionando instituciones como Metrosalud y el Hospital General, mientras espera desde octubre de 2025 la aprobación del Ministerio de Salud para ampliar la unidad hospitalaria de Santa Cruz, un proyecto con recursos ya disponibles.

Durante un consejo de ministros el 16 de junio, el presidente Petro abrió un nuevo frente. Aseguró que auditorías a Nueva EPS y Coosalud revelaron presuntas irregularidades que serán denunciadas a la Fiscalía General. Según Petro, las investigaciones detectaron movimientos financieros que podrían indicar que recursos públicos del sistema de salud terminaron en cuentas en el exterior a través de estructuras empresariales. El mandatario también cuestionó la gestión de algunos interventores y anunció que su gobierno continuará investigando para establecer responsabilidades.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud presentó un balance positivo sin entregar cifras específicas para Antioquia. La cartera reportó inversiones de 6,87 billones en equipos básicos y especialistas, además de 4,83 billones en infraestructura en 586 municipios. Destacó reducciones en mortalidad materna, superior al 53 por ciento, y en muertes por desnutrición en menores de cinco años del 73,1 por ciento.

Sin embargo, más allá de los números que disputan gobierno y regiones, está el sufrimiento de la gente. La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, fue clara: "Tenemos que pensar en los pacientes y en el sufrimiento que están enfrentando para acceder a los servicios de salud. La recuperación del sistema requerirá acciones de corto, mediano y largo plazo". La Gobernación ha invertido 445 mil millones desde 2022 y creó un fondo de crédito de 320 mil millones para hospitales públicos, pero reconoce que ante una deuda que supera los 7 billones, estos esfuerzos resultan insuficientes.

Mientras Gobierno Nacional, Gobernación y Alcaldía intercambian responsabilidades sobre el origen de la crisis, cientos de pacientes siguen esperando citas, medicamentos y procedimientos en un sistema que todos coinciden está en uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas.