Antioquia se alista para unas elecciones marcadas por la incertidumbre. La Misión de Observación Electoral ha encendido las alarmas en el departamento: 37 municipios enfrentan diferentes niveles de riesgo electoral, lo que equivale a casi el 30 por ciento del territorio antioqueño bajo amenaza. De estos, 18 están en riesgo extremo, 14 en riesgo alto y cinco en riesgo medio.

Las preocupaciones se concentran especialmente en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN genera un clima tenso. Municipios como Amalfi, Anorí, Briceño, Caucasia, El Bagre, Ituango, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza están entre los más afectados. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión ha escalado los enfrentamientos armados en estas zonas.

Para tratar de garantizar que el domingo sea una jornada segura, el Ejército Nacional ha anunciado un despliegue sin precedentes. Más de 11.500 uniformados de la Séptima División se distribuirán en 397 puestos de votación y 961 mesas electorales, principalmente en áreas rurales. Cinco municipios considerados de riesgo crítico recibirán atención especial. Adicionalmente, otros 5.000 soldados continuarán con operaciones militares de rutina para mantener el control territorial.

El panorama en algunos municipios es particularmente delicado. En Briceño, por ejemplo, la violencia ha incluido enfrentamientos armados, ataques con explosivos e incluso el uso de drones en acciones violentas, lo que ha obligado a comunidades rurales a confinarse en sus viviendas. Estos hechos demuestran cómo la criminalidad ha evolucionado y sofisticado sus métodos.

Otras subregiones del departamento también están bajo vigilancia. El Suroeste y el Oriente antioqueño reportan incrementos en homicidios y disputas entre estructuras criminales. Incluso zonas urbanas como el Valle de Aburrá han sido incluidas en el análisis de riesgos por la posible influencia de actores ilegales en el proceso electoral.

Las autoridades subrayan que la clave está en fortalecer la presencia institucional para evitar que la intimidación y la violencia coarten la participación ciudadana en las urnas. Se trata de una batalla por garantizar que, a pesar de las dificultades de seguridad, los antioqueños puedan ejercer libremente su derecho al voto.