El panorama electoral en Antioquia se tiñe de gris. La Gobernación encendió las alarmas al catalogar 23 municipios como zonas de riesgo extraordinario para la segunda vuelta presidencial que se realizaría el 21 de junio. Lo preocupante no es solo el número, sino lo que hay detrás: la presencia consolidada de grupos armados ilegales decididos a meter las manos en el proceso democrático.

El Gobernador Andrés Julián Rendón fue claro al describir qué tenían en común estos territorios peligrosos. Según el mandatario, "Los 23 municipios que han sido catalogados de riesgo extraordinario son los que revisten una mayor ocupación. Esos municipios comparten estas coincidencias: presencia de criminales de las disidencias de las Farc, presencia de integrantes del Clan del Golfo y del ELN, además de rentas ilícitas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal". No se trata de municipios al azar, sino de bastiones donde la ilegalidad ha echado profundas raíces.

Las autoridades no solo advierten sobre la presencia de estos grupos, sino sobre sus acciones concretas. Han llegado denuncias de ciudadanos presionados por criminales para cambiar su intención de voto, especialmente en municipios del norte del departamento. El Frente 36 de las disidencias incluso realizó convocatorias comunitarias y ordenó nuevas carnetizaciones (registro de miembros) buscando controlar quién y cómo votaba.

Frente a este escenario, la respuesta fue movilizar músculo de seguridad. Rendón informó del despliegue de aproximadamente 19.000 policías y soldados en todo el territorio antioqueño para custodiar la jornada electoral. Es un operativo sin precedentes que refleja la magnitud de la amenaza. En Antioquia hay 5,5 millones de ciudadanos habilitados para votar, distribuidos en 1.280 puestos de votación y más de 15.800 mesas electorales, donde trabajarían 114.309 jurados de votación.

La infraestructura electoral prácticamente se mantuvo intacta. Solo dos puestos de votación requirieron reubicación, en Campamento y Urrao, pero por problemas de infraestructura física, no por situaciones de orden público. Una buena señal en medio de la tormenta.

Las autoridades dejaron clara su estrategia: mientras resguardan las urnas, continuarán golpeando a las estructuras criminales que operan en el departamento. No es solo garantizar el derecho al voto, sino defender que ese voto sea genuino, sin coacciones ni manipulaciones de quienes viven de la ilegalidad y pretenden secuestrar la democracia.