En medio de la batalla contra las economías del crimen, Antioquia avanza con una estrategia que combina fuerza policial con control del territorio. El pasado martes 17 de febrero, la Gobernación completó un hito importante: la demolición del foco de inseguridad número 41. Esta vez fue el turno del barrio Altos del Medio en Rionegro, donde tres casas abandonadas que funcionaban como centros de consumo y venta de drogas fueron derribadas. El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que esta acción no es aislada, sino parte de una política más amplia para recuperar espacios que las bandas delincuenciales habían tomado como suyos.

La ofensiva ha tenido alcance departamental. Durante 2024 y 2025, los gobiernos locales han intervenido decenas de inmuebles en municipios como Amagá, donde se demolieron 18 estructuras, Sonsón con 6, Copacabana y Yarumal con 4 cada uno, además de acciones en Abejorral, Amalfi y Cocorná. Rendón, quien fue alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, recordó su experiencia previa con esta táctica. "En ese entonces derribamos más de 20 focos de inseguridad y logramos reducir la tasa de homicidios a un solo dígito", comentó al medio MiOriente. Para el gobernador, destruir la infraestructura física del microtráfico es tan importante como las capturas de delincuentes. En una de las casas demolidas en Alto Bonito incluso había un vínculo directo con un homicidio reciente.

Pero mientras las máquinas excavadoras trabajaban, la realidad de la seguridad en el Oriente antioqueño mostró su lado más crudo. Durante el fin de semana del 14 de febrero ocurrieron siete homicidios en menos de 48 horas, una racha que obligó a la Gobernación a convocar de urgencia a los alcaldes de Rionegro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral y San Vicente para una reunión de seguridad.

María Patricia Giraldo, subsecretaria de Seguridad de Antioquia, fue directa al analizar lo que está pasando: "Es claro que esto tiene que ver con lo que ocurre en el Oriente frente a las bandas criminales que afectan el territorio". Según la funcionaria, estos crímenes están ligados a las disputas por el control del microtráfico entre grupos delincuenciales que operan en la zona.

Para frenar esta violencia, la administración departamental anunció un fortalecimiento de la inteligencia investigativa en coordinación con la Fiscalía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación). Además, crearán un cartel de recompensas para que la comunidad ayude a identificar a los responsables de estos homicidios. La tecnología también juega un papel clave en el plan: actualmente hay más de 1.500 cámaras de seguridad privadas de finqueros y comerciantes integradas a los nodos municipales de monitoreo, una red que buscan ampliar para mejorar tanto la capacidad de análisis como la respuesta judicial ante los crímenes.