El gobernador Andrés Julián anunció que llevará a los tribunales la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas criminales que operan en Antioquia. Considera que la medida es ilegal y pone en riesgo la seguridad de toda la región. El anuncio se hizo después de un Consejo de Seguridad en Medellín donde participaron alcaldes del Valle de Aburrá y delegados de otros municipios, todos manifestando su rechazo a la resolución.

La Gobernación confirmó que la acción de nulidad será presentada ante el Consejo de Estado una vez termine la vacancia judicial de Semana Santa. Con esto buscan suspender los efectos de la resolución mientras se define si realmente es legal o no. El pulso entre la Fiscalía y las autoridades locales se intensifica en un tema que toca el corazón de la seguridad departamental.

El gobernador fue más allá de lo jurídico y cuestionó directamente que se frenen capturas contra personas vinculadas a delitos graves que ya pasaron por procesos judiciales. Advirtió que esto genera riesgos para víctimas, testigos, jueces y miembros de la Fuerza Pública. Además, señaló que la medida llega en un momento sensible para el país, a pocos meses de las elecciones, lo que podría impactar negativamente las condiciones de seguridad local.

Alcaldes como los de Itagüí y Envigado respaldaron la posición departamental y alertaron que la decisión va en contravía de los esfuerzos que vienen haciendo en sus territorios para contener la criminalidad. El gobernador también hizo un llamado directo a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que revise la medida teniendo en cuenta la realidad de los territorios, insistiendo en que decisiones de este tipo no pueden tomarse sin articulación con las autoridades locales.

El caso se suma al debate nacional sobre la política de seguridad y los alcances de las medidas relacionadas con la llamada "paz total", especialmente cuando involucran estructuras criminales que ya han sido judicializadas. Por ahora, Antioquia se prepara para llevar el caso a los tribunales en un conflicto que podría escalar a nivel nacional y marcar precedente sobre cómo se manejan estos casos en el país.