La situación de la salud en Antioquia se agrava y las autoridades comienzan a considerar medidas de emergencia. Diego Villa, secretario de Salud departamental, confirmó que están evaluando seriamente la posibilidad de decretar alerta naranja. Según sus palabras, esto permitiría que "podamos ser esos facilitadores de la Secretaría de Salud de que llegue a las instituciones y hacer una distribución a los pacientes a las instituciones prestadoras de salud", además de poder ejecutar acciones más contundentes.

El panorama es preocupante cuando se miran los números. De los ocho millones de usuarios afiliados a EPS en Antioquia, un millón depende de la Nueva EPS, que ha mostrado un desempeño desalentador. En apenas un año, el nivel de cumplimiento de esta empresa pasó del 60 % al 20 %, una caída dramática que refleja la magnitud del problema.

Los hospitales de mediana y alta complejidad en Medellín y el área metropolitana concentran el colapso. Allí está ubicado el 80 % de toda la red hospitalaria regional. Esto significa que la crisis se centraliza en los servicios que atienden los casos más graves y complicados, precisamente donde más se necesita estabilidad.

Gustavo Campillo, representante de Pacientes Colombia y presidente de la Fundación Rasa, explicó que aunque las EPS intervenidas reciben recursos de Adres (la administradora de los recursos del sistema), estos apenas cubren entre el 20 % y 25 % del total de la prestación de servicios. Esto quiere decir que, aunque estas empresas tienen la responsabilidad más grande del problema, los efectos se propagan hacia las otras EPS que también enfrentan presiones.

El impacto en los pacientes es brutal. Mientras que en 2025 seis de cada diez personas lograban acceder a atención en salud, hoy solo dos consiguen atención. El Valle de Aburrá, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio reportan las mayores dificultades para que la población pueda ser atendida en las instituciones.