Antioquia se consolida cada vez más como el epicentro de un mecanismo que ha transformado la forma en que se financian proyectos de impacto social en territorios golpeados por la pobreza y el conflicto. Bajo la figura de Obras por Impuestos, las empresas tienen la posibilidad de convertir parte de sus obligaciones tributarias en iniciativas concretas que llegan a las comunidades más vulnerables. En el departamento, esta estrategia ha dejado cerca de un billón de pesos en inversión durante la actual administración.

La Gobernación de Antioquia reporta que han sido aprobados 66 proyectos que benefician directamente a municipios catalogados como PDET y ZOMAC, territorios priorizados justamente por sus condiciones de vulnerabilidad y por las heridas abiertas que dejó años de conflicto armado. Los números hablan por sí solos: Antioquia concentra más del 20 por ciento de los recursos que se han ejecutado en todo el país mediante este mecanismo, lo que la posiciona como el territorio con la mayor cantidad de proyectos financiados de esta forma.

Un hito importante en esta historia es el protagonismo de la Sociedad Hidroituango. Por primera vez en sus 28 años de existencia, la empresa registró utilidades y decidió invertirlas donde más se necesitan: destinó más de 85 mil millones de pesos para financiar 10 proyectos distribuidos en diferentes rincones del departamento. Esa decisión marca un precedente en el sector privado antioqueño.

Las inversiones abarcan áreas que tocan la vida diaria de las comunidades. Hay recursos destinados a salud, educación, infraestructura vial, agua potable y gestión del riesgo. En concreto, se van a dotar de equipos biomédicos a hospitales en 21 municipios, se construirán sistemas de acueducto, se fortalecerán los organismos de atención de emergencias y se mejorarán las vías rurales que conectan a los pueblos. También está prevista la construcción de centros de desarrollo infantil y la entrega de material pedagógico a escuelas en municipios del Bajo Cauca, Urabá y Suroeste antioqueño.

El mecanismo sigue siendo clave para cerrar brechas en territorios donde el Estado históricamente ha estado ausente. Mientras las empresas cumplen con sus obligaciones fiscales, las comunidades reciben infraestructura y servicios que transforman su realidad. Esa es la apuesta de Antioquia: demostrar que la inversión privada, bien orientada, puede ser una herramienta de desarrollo en los lugares donde más falta hace.