Mientras familias cordobesas cargan con pérdidas materiales y emocionales por las inundaciones, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) puso sobre la mesa un asunto incómodo: lleva varios años con la alerta encendida sobre cómo se opera el embalse de Urrá I. No es una denuncia de ahora, sino un patrón que viene documentando desde 2020.

El problema, según la ANLA, es que el embalse ha rebasado de forma sistemática la Curva Guía Máxima, que es el límite técnico que debe respetarse para mantener capacidad de respuesta ante crecientes y evitar exactamente lo que pasó: desbordes aguas abajo que afectan comunidades. Entre 2020 y 2026, esto se ha repetido. Durante 2024, cerca del 20 por ciento de las mediciones que hizo la autoridad mostraban que el volumen estaba por encima del permitido. En el segundo semestre de 2025 la situación se agravó: el embalse superó ese límite máximo en el 30,6 por ciento del tiempo que se evaluó.

Lo más grave es lo que dice la ANLA sobre las causas. No se trata de que llueva demasiado o de fenómenos climáticos excepcionales, sino de decisiones operativas de Urrá S.A. E.S.P. La entidad asegura que envió seis conceptos técnicos a la empresa alertando sobre los riesgos, pero aparentemente sus advertencias no fueron suficientes. Ese mantenimiento del embalse saturado terminó obligando a descargas de agua aguas abajo, lo que probablemente intensificó lo que vivieron los cordobeses.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ya abrió un procedimiento sancionatorio contra la empresa. Además, su directora Irene Vélez agregó otro detalle que duele: durante su visita a Córdoba encontraron familias afectadas que nunca fueron notificadas adecuadamente sobre el riesgo, y hoy están en albergues sin condiciones dignas después de perderlo casi todo.