Cuando se trata de impuestos que afectan directamente el bolsillo de colombianos y empresas, el debate se vuelve tenso. Eso explica por qué la propuesta que acaba de hacer la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) al Gobierno genera más preguntas que respuestas. La entidad plantea desmontar el 4x1.000, ese gravamen (técnicamente llamado Gravamen a los Movimientos Financieros) que cobra 4 pesos por cada mil que transferimos o movemos en nuestras cuentas bancarias.

La idea suena atractiva en teoría. Anif argumenta que este impuesto es lo que ellos llaman "antitécnico", es decir, que castiga la formalidad en lugar de fomentarla. Según el gremio, el 4x1.000 desalienta a la gente a usar canales digitales y mantiene alejados del sistema financiero a microempresarios y pequeños negocios que prefieren seguir operando con efectivo. José Ignacio López, presidente de Anif, lo explicó así: "es un impuesto muy distorsionante, estamos trabajando en hacerlo de forma gradual, para bajarlo medio punto por año, lo que tardaría al menos dos Gobiernos, para ir recalibrando las finanzas".

Pero aquí viene el problema real. El Gobierno está en una situación incómoda. El año pasado, este impuesto recaudó 1,91 billones de pesos, una cifra que parece pequeña comparada con otros tributos, pero que cobra relevancia cuando el Estado apenas alcanzó 296 billones de pesos en recaudación total y quedó 9,4 billones por debajo de su meta. Eliminarlo significaría renunciar a 16 billones anuales en términos de capacidad total de recaudo. El costo fiscal de un desmonte gradual sería de 1,1 billones en el primer año, según estimaciones de Anif.

El presidente López reconoce que el contexto no ayuda. "En el muy corto plazo va a ser muy difícil reducir esas distorsiones por el faltante de ingresos", admitió. Y tiene razón. La brecha fiscal que enfrenta el país no deja espacio para decisiones románticas. Para dimensionarlo: la retención en la fuente por renta aportó 103,61 billones de pesos en 2025 (35% del total), el IVA sumó 64,35 billones (21,7%), y los tributos aduaneros alcanzaron 50,46 billones. En medio de ese panorama, perder 16 billones es un lujo que el Gobierno dice no poder darse.

El debate se vuelve aún más enredado porque lleva más de un año sin resolverse una reforma anterior. Hace 15 meses que el Gobierno aprobó cambios al 4x1.000 que prometían hacerlo menos gravoso. La idea era simple: en lugar de marcar una sola cuenta exenta, todas las cuentas de una persona quedarían protegidas si sus movimientos mensuales no superaban 350 UVT (Unidad de Valor Tributario, aproximadamente 47 mil pesos). Si te mantienes por debajo de ese límite, no pagas nada. Parece lógico para una realidad donde muchos colombianos tienen varias cuentas simultáneamente.

El problema es que esa reforma sigue en limbo. Los bancos aseguraban estar listos, pero la implementación requería conectar tecnológicamente a todas las entidades que recaudan el impuesto, y eso nunca se completó. Ni el Gobierno ni la DIAN han anunciado cuándo entrará en vigor. Mientras tanto, usuarios y empresas siguen operando bajo el esquema antiguo, en una especie de pausa regulatoria que causa frustración.

La propuesta de Anif de desmontar progresivamente el tributo tiene cierta lógica macroeconómica. Una menor presión fiscal sobre movimientos digitales podría incentivar más formalización. A largo plazo, eso significaría mayor recaudo para el Estado a través de otros canales tributarios y más dinero circulando en el sistema formal. Pero eso es promesa de futuro, mientras que la brecha fiscal de hoy es una crisis presente. Esa es la tensión que tendrá que resolver el Gobierno en los próximos meses.