El sector financiero le propone al Gobierno Nacional un plan para desmontarse gradualmente del 4x1.000, el impuesto que se cobra cada vez que mueves dinero por canales digitales. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) presentó esta idea como parte de una hoja de ruta para impulsar el crecimiento económico hacia el 2030. El dilema es claro: el Estado recibiría 16 billones de pesos anuales menos en sus arcas, lo que complica las cuentas públicas de un Gobierno que busca tener más recursos.

Anif argumenta que el 4x1.000 es un gravamen defectuoso que castiga a los que usan el sistema bancario formal. Según el gremio, este impuesto desincentiva las transacciones digitales, dificulta que pequeñas empresas y micronegocios se integren completamente al sistema financiero, y en el fondo no mide la verdadera capacidad de pago de cada contribuyente. La propuesta concreta es bajar medio punto porcentual del impuesto cada año, un proceso que tardaría al menos dos gobiernos completos para desaparecer totalmente. De esa manera, el golpe fiscal se distribuiría en el tiempo. "En el muy corto plazo va a ser muy difícil reducir esas distorsiones por el faltante de ingresos", reconoció José Ignacio López, presidente de Anif, admitiendo que el contexto actual no favorece cambios inmediatos.

Las cifras del Gobierno muestran por qué es difícil renunciar a estos recursos. En 2025, el recaudo tributario total llegó a 296 billones de pesos, por debajo de los 305 billones que se esperaban. Esa diferencia de 9 billones abrió un hueco en las finanzas. En este escenario, el 4x1.000 aportó 1,91 billones durante el año pasado, una cantidad menor frente a otros impuestos como el que se retiene de los salarios (que contribuyó con 103 billones) o el IVA (64 billones), pero relevante cuando los recursos escasean. Anif estima que desmontar este impuesto costaría al menos 1,1 billones de pesos en el primer año de implementación.

El gremio financiero sostiene que aunque el costo fiscal inicial sería alto, a largo plazo el país se beneficiaría. Si más personas y empresas usan canales digitales, la economía se formaliza más, lo que eventualmente genera más recaudación en otros impuestos. Es una apuesta a que el juego a largo plazo sería ganador, aunque requiere sacrificar ingresos en el corto plazo.

Lo particular es que este debate ocurre mientras Colombia espera desde hace más de un año la implementación de una reforma al 4x1.000 que ya fue aprobada. La nueva versión eliminaría el requisito de designar una sola cuenta exenta y permitiría que todos los movimientos en cualquier cantidad de cuentas de una persona queden protegidos hasta un límite mensual de 350 UVT (unidades de valor tributario, que son valores que ajusta el Gobierno cada año). La promesa era que si no superas ese tope mensual de movimientos, no pagarías nada. El sistema requería la integración tecnológica de todas las instituciones que cobran el impuesto, proceso que aún no se completa. Ni el Gobierno ni la autoridad tributaria han anunciado una fecha para que esto entre en operación, dejando a usuarios y bancos operando con un esquema que tiene más de 20 años.