Andrés Guerra no deja de insistir en un tema que considera crucial para el país pero que, según él, nadie en el Congreso quiere tocar. El representante a la Cámara por Antioquia y miembro del Centro Democrático ha pasado tres años pidiendo que se debata en plenaria sobre lo que llama los "poderes mafiosos locales" y su relación con el Gobierno actual. En entrevista con El Colombiano, el congresista profundiza en sus denuncias.

Guerra parte de una idea que atribuye al mismo Gustavo Petro cuando era representante en 2004: que Colombia tiene un conflicto entre el Estado y tres escenarios de poderes mafiosos locales. Lo que plantea es que esa realidad ha evolucionado y mutado en estos 22 años, pero que el actual presidente jamás lo ha reconocido públicamente. "Tenemos que contarle a Colombia qué ha pasado en estos últimos 22 años", afirma Guerra, quien denuncia que "hay unos sectores políticos muy cercanos a Petro que no les interesa que se lleve a cabo el debate en la actualidad sobre los poderes mafiosos locales".

Para sostener su acusación, Guerra presenta lo que describe como un análisis de mapas de votación cruzados con información electoral. Señala que en municipios de Antioquia con mayor presencia de minería ilegal de oro, como Remedios, o zonas productoras de coca, como los alrededores de Tarazá, Cáceres y Puerto Valdivia, el Pacto Histórico obtuvo votaciones superiores al 80% en las elecciones del 8 de marzo. Destaca que la coca en esa región creció de 5 mil hectáreas cuando Petro llegó al poder a 20 mil hectáreas actualmente, según cifras de la gobernación antioqueña.

El congresista va más allá y afirma: "Estamos ante la evidencia, como lo he dicho, que Gustavo Petro se eligió en el 2022 con el apoyo de los poderes mafiosos locales". También cuestiona la política de paz total del Gobierno, sugiriendo que fue una estrategia para permitir que grupos criminales operaran libremente. Según Guerra, no existe confrontación ideológica entre estas organizaciones sino una lucha por territorios, y el Gobierno habría permitido eso a cambio de apoyo político.

Guerra también apunta hacia el futuro político del país, sugiriendo que estos mismos mapas de ilegalidad coincidirían con una potencial candidatura presidencial de Gustavo Cepeda, a quien considera el sucesor político de Petro en 2026.

En otros temas, Guerra confirmó que permanecerá cuatro años en la Cámara de Representantes y que buscará la gobernación de Antioquia en octubre de 2031. Sobre la contienda presidencial del Centro Democrático, manifestó su apoyo a Paloma Valencia, señalando que "Paloma iba a ser una candidata brutal a partir del 8 de marzo" y que la participación de Oviedo fortalece su perfil de centro derecha para una eventual segunda vuelta contra Cepeda.