La industria de servicios públicos en Colombia está en pie de guerra contra el nuevo esquema tarifario para agua y alcantarillado que comenzó a aplicarse hace poco más de una semana. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) no aguantó más y demandó judicialmente la regulación que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) aprobó para que rigiera desde el 1 de julio.

El problema, según los empresarios del sector, está en que aunque en el papel el nuevo marco tarifario promete reducciones, la realidad operativa podría ser completamente diferente. Según explicó el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, la forma en que se apliquen las nuevas reglas terminaría generando incrementos en los costos que finalmente pagarían los usuarios. La preocupación del gremio apunta a que la medida podría comprometer la sostenibilidad de las empresas prestadoras y la estabilidad jurídica del sector completo.

Uno de los nudos del conflicto está en que las compañías de agua tendrán que recalcular desde cero sus estructuras de costos, basándose ahora en precios actuales. Esto significa dejar atrás referencias que las empresas llevaban usando desde 2014, lo que implica un cambio radical en sus cálculos. A esto se suma que la regulación les impone nuevas obligaciones: tienen que hacer inversiones ambientales más robustas, mejorar su gestión del riesgo, reducir las pérdidas de agua en sus redes y presentar planes de sostenibilidad más detallados. Cada una de estas exigencias representa un costo que, inevitablemente, toca las tarifas finales.

Lo complicado es que los efectos no serán iguales en todo el país. Andesco advierte que el cálculo de las tarifas dependerá mucho de cómo funcione cada empresa internamente, cuántos usuarios tenga y las características geográficas de la región donde presta servicio. Entonces, mientras algunas zonas del país podrían ver cambios moderados, en otras los impactos podrían ser mucho más duros para los bolsillos de la gente.

Pero hay algo más que ha sacado de quicio al gremio: el tiempo. Las empresas tuvieron apenas tres meses para entender la nueva regulación, reorganizar todos sus procesos, actualizar sistemas y adaptarse a la operación. Andesco considera que ese plazo es ridículamente corto para cambios de esta magnitud. Por eso decidió ir a los juzgados pidiendo una aplicación gradual de la normativa, con más claridad en las reglas y seguridad jurídica que, dicen, está faltando en el esquema actual.