La familia de Jairo Antonio Rodríguez vivió tres días de angustia después de que el anciano de 74 años saliera en libertad de la cárcel Las Mercedes de Montería y desapareciera sin dejar rastro. Lo más preocupante, según denuncian sus allegados, es que nadie del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) se comunicó con ellos para informar sobre la liberación del adulto mayor.

Fue un hecho que demuestra la precariedad de los protocolos en estos casos: otros internos fueron quienes llamaron a la familia el jueves 7 de mayo para avisarles que Jairo Antonio había quedado libre. Ni funcionarios del Inpec ni voceros del centro penitenciario se tomaron la molestia de hacer esa llamada, a pesar de la situación frágil del hombre.

La preocupación de los familiares iba más allá de la falta de aviso. Jairo Antonio sufre una discapacidad cognitiva que lo hace especialmente vulnerable, además de padecer tuberculosis. Estos problemas de salud lo dejaban prácticamente desprotegido al verse obligado a enfrentar la libertad sin preparación ni acompañamiento. Tiempo atrás, su familia había solicitado que cumpliera su condena en un lugar cercano para poder apoyarlo, pero esa petición no fue atendida.

El hombre había sido condenado a nueve años de prisión por abuso sexual en Caucasia. Ahora, su caso reabre la discusión sobre cómo el sistema penitenciario maneja la liberación de personas vulnerables. Es evidente que hace falta mejorar los protocolos para que adultos mayores con limitaciones cognitivas no salgan de las cárceles a la deriva, sin que sus familias siquiera estén enteradas de lo que está pasando.