Desde que entró en vigencia el Decreto 0625, que reglamenta el cobro de un nuevo impuesto de salida del país por vía aérea, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo expresó su inquietud sobre los posibles efectos en la industria turística nacional. La medida establece un cobro de un dólar estadounidense, o su equivalente en pesos según la Tasa Representativa del Mercado, para todos los pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, que salgan de Colombia en vuelos internacionales.

El dinero recaudado será administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para financiar programas de prevención contra la explotación sexual comercial de menores y la pornografía infantil, un propósito que Anato respalda. Sin embargo, la asociación considera que esta nueva carga fiscal se suma a una lista ya considerable de tributos que enfrenta el sector. Según su presidenta ejecutiva, Paula Cortés Calle, los tiquetes aéreos ya están gravados con un IVA del 19 por ciento, y añadir más cobros podría desestimular los viajes y afectar la conectividad aérea que el país necesita.

Cortés Calle insistió en que Colombia ya dispone de herramientas legales para financiar campañas de protección infantil, lo que hace innecesario trasladar nuevos costos a los viajeros y empresas del sector. Desde el gremio también reiteraron su propuesta de reducir el IVA en tiquetes aéreos y servicios turísticos del 19 al 5 por ciento, una estrategia que consideran más efectiva para estimular la demanda y mantener la competitividad del turismo colombiano en la región.

El impacto preocupa especialmente en territorios como San Andrés, cuya economía depende en gran medida del flujo constante de visitantes y la conectividad aérea. Aunque el impuesto aplica exclusivamente a quienes salen de Colombia en vuelos internacionales, Anato advierte que la acumulación de cobros reduce el atractivo del transporte aéreo y puede influir en las decisiones de viaje de los turistas, sobre todo aquellos que combinan destinos nacionales con rutas internacionales.

En el archipiélago, el efecto podría sentirse particularmente en viajeros extranjeros que visitan la isla antes de continuar hacia otros países, así como en residentes que utilizan conexiones internacionales desde ciudades del continente. El gremio considera que mantener costos competitivos es fundamental para preservar el crecimiento turístico y la conectividad de territorios como San Andrés, cuya economía depende en gran medida de esta actividad.