La cifra es devastadora: más de 9 millones de colombianos, el 20% de la población, han sufrido las consecuencias directas del conflicto armado. Amnistía Internacional acaba de publicar un informe contundente sobre lo que ocurrió en el país durante 2025, y el panorama que presentan no es alentador. Tras monitorear la situación a lo largo del año, la organización de derechos humanos determinó que Colombia se mantiene como uno de los territorios más peligrosos para quienes defienden estos derechos y, más importante aún, puso en entredicho los resultados concretos de la estrategia de Paz Total impulsada por el Ejecutivo.

Las víctimas tienen rostro y geografía clara. Según el informe, "los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrían desproporcionadamente las consecuencias" de la violencia. Los números del Ministerio de Defensa hablan por sí solos: en 2025 los asesinatos de líderes sociales subieron de 173 a 181, hubo más de 1.200 ataques terroristas y 559 secuestros. La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios registró 2.794 hechos de violencia, de los cuales 1.390 fueron directamente contra población civil. Todo esto resulta en más de 1,6 millones de personas víctimas de actividades ilícitas que incluyen homicidios, extorsiones y amenazas. En diciembre pasado, en la masacre número 78 del año, una niña de 4 años tuvo que presenciar cómo asesinaban a su hermana, su padre y su madre.

La Paz Total, el proyecto estrella del Gobierno, cerró 2025 con más preguntas que respuestas. El diálogo con el ELN, que debía ser la mesa central del proceso, quedó suspendido desde septiembre de 2024 tras un ataque de esa guerrilla a una base militar en Arauca que dejó dos muertos y 25 heridos. Aunque el presidente Petro señaló estar dispuesto a reanudar, eso no sucedió. Mientras tanto, las disidencias de alias "Calarcá" mantuvieron un lugar en las negociaciones que les permitió disfrutar de beneficios como altos al fuego de parte de las Fuerzas Militares y la suspensión de procesos de extradición y captura. Aprovechando esta inacción, estos grupos crecieron 111%, según datos de Defensa. Para Amnistía Internacional, "a pesar de lo avanzado de algunos de los procesos y de la presentación de un proyecto de ley por parte del gobierno en julio, las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas seguían sin estar claras".

El problema de fondo es el control territorial. Los enfrentamientos se concentraron en Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, La Guajira, Catatumbo, Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar. Según la Fundación Ideas para la Paz, hay 14 zonas en disputa entre los grupos armados, el doble de las que existían cuando comenzó el mandato de Petro. Los combates entre bandas y contra las fuerzas de seguridad se han intensificado notablemente. En el Catatumbo, los enfrentamientos entre ELN y el EMBF desplazaron a más de 82.000 personas solo entre enero y septiembre.

El desplazamiento forzado se convirtió en una constante. La Consultoría para los Derechos Humanos registró 139 episodios de desplazamiento masivo y múltiple que afectaron a 90.282 personas, mientras 80 casos de confinamiento limitaron la movilidad de 235.345 personas más. Los menores de edad han sido golpeados de manera particular. Una coalición especializada documentó 196 hechos que afectaron a 364.382 niños, de los cuales 172 fueron reclutados a la fuerza. Además, 7.728 personas resultaron afectadas por artefactos explosivos, en un contexto donde los grupos armados han aumentado el uso de drones para ataques con explosivos.

Camilo Vargas, encargado de campañas de Amnistía Internacional en Colombia, fue claro en sus palabras: aunque estos problemas no nacieron con el Gobierno actual, eso no los hace menos urgentes o ignorables. "La comunidad internacional no le puede dar la espalda a la crisis porque se manifiesta en cientos de miles de desplazamientos forzados y confinamientos que implican la falta de acceso a la salud y a la educación de niños y niñas", afirmó Vargas durante la presentación del informe. El diagnóstico está hecho. Ahora falta ver cómo el Gobierno responde a estas críticas documentadas sobre una realidad que golpea cada día a millones de colombianos.