La región de las Américas lleva más de diez años sin lograr avances reales contra la corrupción. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 que Transparencia Internacional presentó en febrero, los países americanos obtienen en promedio una calificación de 42 puntos sobre 100, lo que evidencia un estancamiento profundo. El informe es contundente: esta falta de progreso ha debilitado las instituciones, fortalecido al crimen organizado transnacional y afectado directamente la vida de millones de personas en seguridad, servicios públicos y acceso a derechos básicos.

El diagnóstico es alarmante cuando se observan los retrocesos individuales. De 33 países evaluados en la región, 12 han empeorado desde 2012. Solo República Dominicana y Guyana muestran mejoras destacadas. En naciones como México, Brasil y Colombia, la corrupción ha creado las condiciones perfectas para que redes criminales se instalen en las estructuras del gobierno mismo, multiplicando la impunidad y erosionando el Estado de derecho. Incluso países con instituciones aparentemente más sólidas, como Costa Rica y Uruguay, sufren violencia vinculada a estas organizaciones criminales que aprovechan los vacíos dejados por la corrupción.

El impacto más visible ocurre donde duele más: en los bolsillos y la salud de los más vulnerables. En Perú, fiscales investigan sobornos en programas de alimentación escolar que permitieron distribuir alimentos contaminados para evadir controles sanitarios. En Argentina, hay investigaciones sobre fondos desviados destinados a medicamentos para personas con discapacidad. Venezuela representa el caso extremo: corrupción generalizada que ha generado pobreza masiva, desnutrición y millones de familias sin acceso a alimentos, agua ni electricidad.

Lo preocupante es que los gobiernos también están limitando la capacidad ciudadana de fiscalizar. El informe señala que en El Salvador, las restricciones a organizaciones sociales han reducido significativamente su capacidad de vigilancia. Guyana ha reportado acosos e intimidaciones contra medios de comunicación. Ecuador y El Salvador han aprobado normativas que obstaculizan el financiamiento de organizaciones no gubernamentales. Sin ciudadanos vigilando, sin prensa investigando, la corrupción prolifera sin freno.

Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional, fue clara sobre lo que se necesita: "Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda". Agregó que "es necesario proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y hacer cumplir la ley a través de un poder judicial fuerte e independiente", además de fortalecer la cooperación internacional para investigar casos transnacionales.

En el ranking de la región, Canadá, Uruguay y Barbados lideran con las mejores calificaciones. En el extremo opuesto, Venezuela, Nicaragua y Haití representan instituciones frágiles con alto control de redes ilícitas. Estados Unidos, mientras tanto, ha tocado su peor calificación histórica en medio de cuestionamientos sobre la independencia judicial y la transparencia.