La región de América Latina está estancada en la lucha contra la corrupción. Así lo confirma el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado por Transparencia Internacional el 10 de febrero en Berlín. La puntuación promedio regional es de apenas 42 sobre 100, lo que refleja que después de más de una década sin avances reales, la situación se ha deteriorado significativamente.

Lo preocupante es que este estancamiento tiene efectos concretos en la vida diaria de los colombianos y latinoamericanos. Cuando falta la lucha contra la corrupción, el crimen organizado internacional aprovecha los vacíos institucionales para operar sin restricciones. En países como Colombia, México y Brasil, las redes criminales ya se han infiltrado en estructuras políticas y de seguridad, lo que genera más impunidad y un Estado de derecho debilitado. Esto se traduce en más violencia, menos protección estatal y ciudades más peligrosas.

El informe detalla cómo la corrupción afecta directamente los servicios que usan todos los días. En Perú, la fiscalía investiga sobornos en un programa de alimentación escolar donde supuestamente distribuyeron alimentos contaminados para evitar controles sanitarios. En Argentina, hay investigaciones sobre fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad que desaparecieron. Estos no son casos aislados: son síntomas de que el dinero público destinado a proteger a los más vulnerables se pierde en manos corruptas.

Colombia no tiene buenos números en este ranking. El país ocupa un lugar entre los más afectados de la región, junto con otros que enfrentan dinámicas similares de infiltración criminal en instituciones públicas. Canadá, Uruguay y Barbados lideran con mejores puntuaciones, mientras que Venezuela, Nicaragua y Haití están al fondo, atrapados en corrupción estructural que ha colapsado sus servicios básicos.

Otro factor que agrava el problema es que en varios países se ha reducido el espacio para que la ciudadanía supervise. En El Salvador y Ecuador, las organizaciones no gubernamentales enfrentan restricciones legales y obstáculos para recibir financiamiento, lo que les impide monitorear cómo gastan los gobiernos. En Guyana, medios de comunicación y grupos civiles sufren acoso e intimidación. Sin vigilancia ciudadana, los gobiernos tienen aún más libertad para la corrupción.

Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional, fue clara en su recomendación: "Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda". Agregó que es necesario "proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y hacer cumplir la ley a través de un poder judicial fuerte e independiente", además de fortalecer cooperación internacional para investigar casos que traspasen fronteras.

El mensaje es simple: mientras la región no le gane de verdad a la corrupción, seguiremos viendo hospitales sin medicinas, escuelas sin recursos, calles inseguras y servicios públicos que no funcionan. Es un círculo vicioso donde el dinero que debería beneficiarnos termina en bolsillos privados y en redes criminales.