Cuando apenas quedan 47 días para que los colombianos vayan a las urnas, el país volvió a enfrentarse a un episodio que pone en jaque la seguridad de quienes aspiran a la presidencia. Las imágenes con estética fúnebre que circularon mostrando los rostros de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, acompañadas de la frase "Descanse en paz", generaron rechazo y encendieron las alertas sobre lo que ocurre en esta contienda electoral.

La reacción fue inmediata. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta mil millones de pesos para quien proporcione información que lleve a identificar a los responsables de estas amenazas. Además, los esquemas de protección de ambos candidatos fueron reforzados tras lo que analistas consideran un patrón coordinado de intimidación. Pero la pregunta que sobrevuela es mucho más incómoda: qué tanto daño le hacen estas acciones a la confianza que los ciudadanos tienen en el proceso democrático.

Milton Andrés Rojas Betancur, docente de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, lo explicó de manera contundente: "Uno de los daños es que invisibiliza al candidato y transforma la agenda a través del miedo. el daño es profundo y altera la naturaleza de la competencia política". Es decir, cuando el miedo entra en juego, la campaña ya no se trata de ideas sino de supervivencia.

Este no es un fenómeno aislado. Otros líderes políticos han sido blanco de amenazas en los últimos meses, como ocurrió con Álvaro Marín hace poco y Miguel Uribe el año pasado. La campaña de 2026 transcurre en un clima de polarización extrema que preocupa profundamente a los analistas del proceso político.

La solidaridad entre algunos candidatos fue notoria. Sergio Fajardo expresó su postura diciendo que "La democracia se construye con ideas, no con miedo. Colombia merece un debate respetuoso y sin violencia". Roy Barreras agregó que hay "mezquinos intereses para generar miedo y envenenar el proceso democrático", mientras que Miguel Uribe Londoño manifestó su rechazo a que nadie deba vivir bajo esa amenaza constante.

Más allá de la recompensa ofrecida, la pregunta fundamental que queda en el aire es si el Estado y sus instituciones tienen realmente la capacidad de garantizar que los candidatos puedan hacer campaña sin miedo a sus vidas. En una democracia, eso no debería ser una pregunta incómoda sino una certeza.