Después de varios meses de investigación, la Fiscalía puso punto final a la etapa de indagación y acusó formalmente a Álvaro Leyva ante la Corte Suprema de Justicia. El excanciller del gobierno Petro irá a juicio por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, lo que significa que lo señalan de haber incumplido deliberadamente normas legales en varias ocasiones durante un mismo proceso.

Todo se remonta a la licitación que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores convocó en 2023 para seleccionar quién se encargaría de fabricar, personalizar, distribuir y custodiar los pasaportes colombianos. Tras cumplir todos los trámites que exigen las normas, el comité evaluador llegó a la conclusión de que la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por la empresa Thomas Greg & Sons y única proponente, reunía todos los requisitos para recibir un contrato valorado en más de 599 mil millones de pesos. La recomendación era clara: adjudicarle el convenio.

Pero entonces ocurrió lo que la Fiscalía considera un acto sin justificación legal. El 13 de septiembre de 2023, Leyva expidió la Resolución 7485 declarando desierta la licitación, a pesar de que ya había una propuesta viable. Un día después, cuando Thomas Greg intentó cuestionar esa decisión, el excanciller sacó otra resolución, la 7540, ratificando que la licitación estaba desierta. Y con un tercer acto administrativo, la Resolución 7541, declaró la urgencia manifiesta, permitiendo así que el Fondo Rotatorio contratara directamente sin pasar por una nueva licitación.

Para la Fiscalía, ninguna de estas decisiones tenía el fundamento legal necesario. El Gobierno, por su parte, argumentaba que Thomas Greg & Sons afectaba varios principios, pero según el ente acusador, eso nunca quedó documentado de forma convincente. Lo que sí quedó claro es que el lío desencadenó una cadena de conflictos internos en el Gobierno. Martha Lucía Zamora, entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, buscaba una conciliación con Thomas Greg que evitara al Estado pagar 117 mil millones de pesos por el fin intempestivo de la licitación. Leyva la confrontó de forma irrespetuosa por eso, y luego ella se convirtió en testigo clave en su contra.

La Procuraduría ya había cerrado su caso meses atrás: sancionó al excanciller con una inhabilidad de diez años. Leyva, un político conservador de 83 años que ocupaba un cargo clave en el Gobierno, nunca recibió el respaldo del presidente Petro. Desde entonces se convirtió en opositor decidido. En abril pasado declaró que el mandatario lleva a cabo "una persecución atroz" en su contra.

El conflicto también derivó en la caída de otros funcionarios. Laura Sarabia renunció a la Cancillería en julio del año pasado tras enfrentamientos con Alfredo Saade, entonces jefe de Despacho Presidencial, por la adjudicación del contrato. Ahora es embajadora en Reino Unido. Saade fue suspendido meses después por supuestas conductas indebidas para presionar la firma de un convenio alternativo con la Casa de la Moneda de Portugal. Ese acuerdo está actualmente bajo revisión judicial y enfrenta cuestionamientos de la Procuraduría. Lo que comenzó como un simple proceso de licitación se convirtió en una batalla que dejó marcas profundas en el Ejecutivo y que ahora tendrá su capítulo judicial penal.