La justicia penal se movió este jueves 23 de abril contra Álvaro Leyva. En audiencia ante la Corte Suprema, la Fiscalía formuló acusación formal de prevaricato contra el excanciller del gobierno Petro por maniobras que buscaban tumbar una licitación de pasaportes de casi medio billón de pesos. Leyva negó los cargos y se declaró inocente ante la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardilla.

Lo que la Fiscalía le reprocha es haber expedido tres actos administrativos contrarios a la ley para sabotear la licitación 001 de 2023, un proceso que buscaba contratar la fabricación de libretas de pasaportes por 559 mil millones de pesos. Según los investigadores, Leyva actuó con una intención clara: impedir que la empresa Thomas Greg & Sons adjudicara el contrato, aunque esta empresa cumplía todos los requisitos técnicos y era la única oferente, teniendo además 17 años de experiencia en ese trabajo.

El excanciller declaró desierto el proceso en septiembre de 2023 argumentando que solo había un único proponente, lo cual consideró insuficiente. Además, rechazó un recurso de reposición que presentó la empresa. Para la Fiscalía, esto no fue un acto de gobierno neutral: fue lo que llaman una "desviación de poder", es decir, usar la autoridad para fines distintos a los que la ley permite. Los investigadores sostienen que Leyva reasumió la dirección del proceso "con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato".

Antes de este juicio penal, la justicia disciplinaria ya le había pasado la factura. La Procuraduría confirmó en segunda instancia que Leyva debe ser destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. Los procuradores concluyeron que su decisión careció de fundamento legal y vulneró principios básicos de la contratación estatal como la transparencia y la economía.

La consecuencia de todo esto fue caótica. Thomas Greg & Sons ahora reclama al Estado una indemnización de 117 mil millones de pesos. Mientras tanto, el Gobierno decidió que la Imprenta Nacional, en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal, asumiera la fabricación de pasaportes, una decisión que generó críticas incluso dentro de la administración Petro por dudas sobre la capacidad técnica de estas entidades.

La defensa de Leyva sostendrá que actuó de buena fe para proteger el interés público. Ahora corresponde a los jueces de la Corte Suprema definir si esa argumentación es suficiente para absolverlo o si, por el contrario, las pruebas de la Fiscalía demuestran una prevaricato que afectó a miles de millones en dineros públicos.