Una tensión procedimental sacude la investigación contra el presidente Gustavo Petro. La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del mandatario dentro de un proceso por presunta participación en política. Según la decisión, Petro debería apartarse del cargo hasta el 21 de junio a las 4:00 de la tarde, cuando se realizarán las elecciones.

Pero un miembro de esa misma comisión levanta banderas rojas. El representante Alirio Uribe aseguró en La FM que el documento conocido como auto de sustanciación, en el que se respalda la medida con disposiciones de la Ley 1952 de 2019 sobre medidas cautelares en procesos disciplinarios, nunca ha sido radicado formalmente ni debatido en sesión plenaria.

"Ese auto nunca ha sido radicado en la secretaría de la comisión y nunca ha sido debatido en la plenaria", explicó Uribe. Según su lectura de los procedimientos internos, el documento no ha surtido ninguno de los trámites requeridos. "Ese auto para nosotros como comisión de acusaciones no existe", afirmó, precisando que los integrantes se enteraron de su contenido mientras estaban en sesión, pero que circuló principalmente a través de redes sociales.

Para Uribe, la validez formal depende de pasos muy específicos. El auto debe ser entregado a la secretaría de la comisión, asignársele un número de radicado, incluirse en el orden del día y someterse a votación de los miembros. "No ha sido debatido ni aprobado ni improbado por la comisión", subrayó. Durante la sesión en que presuntamente se conoció el documento, agregó, no hubo quórum y la reunión fue levantada sin que el tema fuera abordado.

El congresista fue cuidadoso al aclarar que no se pronunciaba sobre el contenido del auto, pues eso implicaría prejuzgar. Su enfoque fue puramente procedimental: sin cumplir los trámites internos establecidos, la decisión no tiene estatus legal dentro de la comisión. "Lo debe entregar a la secretaría", insistió, subrayando que ese es el paso inicial ineludible.

La posición de Uribe abre un debate sobre la solidez legal de la medida de suspensión. Si un representante investigador puede tomar decisiones de esa magnitud sin que sean formalmente radicadas y votadas en plenaria, se cuestiona el alcance de sus facultades y los controles internos de la comisión.