Lo que durante años fue rumor en los círculos de poder de Colombia y Venezuela ahora es una realidad confirmada. Alex Saab, quien llegó a Miami tras su deportación, habría pactado un acuerdo de delación con el Departamento de Justicia estadounidense. Según fuentes federales citadas en reportes de medios especializados, el acuerdo le permitiría a Saab revelar detalles sobre las redes de lavado de activos y desfalco financiero que operaron bajo su influencia en la región durante años.

La señal más clara de que este pacto está en vigor llegó hace poco con el desplazamiento de su familia. El círculo más cercano de Saab, incluidas sus hijas e hijo mayor, abandonó territorio venezolano en días recientes con destino a Europa, siendo Miami la parada final. El movimiento es interpretado por analistas como una búsqueda de protección ante posibles represalias mientras Saab colabora con la justicia norteamericana.

Las revelaciones de Saab han generado turbulencia política en Colombia al apuntar directamente hacia el abogado penalista Abelardo de la Espriella, quien actualmente es precandidato presidencial. Aunque De la Espriella ha mantenido que su relación con Saab fue meramente profesional y terminó en 2019, documentos extraídos de expedientes civiles en Florida muestran otra historia. Los extractos bancarios revelan que en 2014 la firma de De la Espriella recibió transferencias superiores a 370 mil dólares.

Lo más delicado para el aspirante presidencial es el origen de ese dinero. Las transferencias provendrían de Group Grand Limited, una firma con cuentas en Hong Kong que Saab utilizaba en un esquema de sobrefacturación de los CLAP (programa de subsidios venezolano) y lavado de dinero a nivel internacional. De la Espriella ha argumentado que se trataba de honorarios profesionales legítimos.

Con Saab ya en proceso de cooperación y su familia a salvo en Miami, el FBI y los fiscales federales de Florida tienen ahora bajo su microscopio las finanzas y los antiguos vínculos comerciales del precandidato. En medio de la campaña presidencial colombiana, sus rivales políticos y sectores de la opinión pública exigen explicaciones claras sobre la naturaleza real de esos pagos desde paraísos fiscales.

De la Espriella ha respondido tachando las acusaciones de persecución política. Sin embargo, analistas judiciales advierten que esto es apenas el comienzo. Con los documentos en poder de los fiscales estadounidenses y Saab comprometido en su acuerdo de delación, la posibilidad de futuras imputaciones en contra de funcionarios o particulares colombianos sigue abierta.