La captura de Álex Saab en territorio estadounidense marca un nuevo giro en el cerco internacional contra la red económica de Nicolás Maduro. El barranquillero, quien durante años operó como el principal gestor de negocios del régimen venezolano, fue sacado de Caracas el 16 de mayo en un avión Gulfstream y entregado a agentes de la DEA. Lo inusual del caso es que su propio gobierno lo permitió, a pesar de que Saab contaba con un perdón presidencial otorgado durante la administración de Joe Biden.

La sorpresa de su deportación radica en que las autoridades estadounidenses abrieron un nuevo proceso en su contra, completamente distinto al expediente por el cual había recibido beneficios judiciales tras su captura anterior en Cabo Verde. Según revelaron fuentes federales a El Tiempo, agentes norteamericanos le habían advertido repetidas veces que lo perseguirían sin importar dónde estuviera, pero Saab confiaba en la escuda del régimen chavista, un cálculo que ahora resultó equivocado.

Con Saab nuevamente bajo custodia estadounidense y Maduro en detención en Nueva York, el escenario se ha transformado radicalmente. Los analistas y fuentes del gobierno norteamericano hablan abiertamente de una posible negociación: Saab entrega información a cambio de beneficios judiciales. "La evidencia que hay contra Saab es suficiente para condenarlo. Pero una eventual colaboración no se descarta", dijeron fuentes federales a El Tiempo.

Lo que preocupa en Colombia y Venezuela es precisamente el alcance de esa información. El empresario barranquillero conoce los detalles de operaciones petroleras, de gas y oro valoradas en miles de millones de dólares. Pero eso no es todo: también maneja datos sobre empresarios y figuras políticas de ambos países que participaron en movimientos de dinero irregulares. Entre los nombres mencionados en las investigaciones están Álvaro Pulido Vargas, considerado uno de sus principales socios; su hijo Shadi Naim Saab; el exfuncionario colombiano Javier Betancourt Valle, relacionado con negocios petroleros; y su esposa Camilla Fabri.

Las autoridades estadounidenses han rastreado además un entramado de operadores financieros, abogados y empresarios conectados con contratos de los alimentos CLAP y estructuras empresariales montadas en Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países. Para Washington, Saab nunca fue un diplomático del régimen, sino el principal operador de una red que movió recursos mediante contratos opacos y empresas afines al chavismo. La pregunta que mantiene en vilo a muchos es si, bajo presión, decide contar todo lo que sabe.