Las alarmas se encendieron en Tierralta después de que una denuncia anónima sacara a la luz presuntas irregularidades en la ejecución del Convenio 451, firmado entre el Hospital San José de Tierralta y el ICBF Regional Córdoba. El acuerdo, que funcionó entre junio y noviembre de 2025, buscaba atender y prevenir la desnutrición en la región a través de un servicio integrado de atención.

Según el documento de denuncia, trabajadores que participaron en el convenio señalaron un listado de problemas que afectó tanto la calidad del servicio como sus condiciones laborales. Reportaron retrasos en el pago de honorarios, la falta de reconocimiento del dinero para movilización, entregas atrasadas de paquetes alimentarios y supuestas irregularidades en procesos de supervisión y facturación. También advirtieron sobre posibles fallos en la inclusión de beneficiarios y un presunto uso de "talento humano de papel" para cumplir requisitos contractuales.

Los denunciantes también se quejaron del trato que recibieron. Mencionaron un ambiente indigno hacia los equipos de trabajo interdisciplinarios, escasez de insumos básicos para hacer su labor y condiciones generales precarias. Por miedo a represalias, pidieron que se mantuviera en secreto su identidad.

La denuncia apunta directamente a que se investigue cómo se gastaron los recursos públicos destinados a este programa y de qué manera se ejecutó el convenio. Los denunciantes pidieron que intervengan la Dirección Nacional del ICBF, la Dirección de Nutrición y otros organismos competentes para revisar a fondo cómo se desarrolló la atención a población vulnerable en Córdoba bajo este acuerdo.