Una nueva denuncia sobre contratación pública llegó a manos de la Procuraduría General de la Nación. La Red de Veedurías de Colombia presentó una queja disciplinaria cuestionando irregularidades en los procesos que adelanta el Servicio Nacional de Aprendizaje para contratar vigilancia y seguridad privada en diferentes regiones del país. De acuerdo con la organización, estos contratos superarían los 190 mil millones de pesos y se estarían desarrollando con condiciones técnicas que, en la práctica, solo podrían cumplir determinadas empresas contratistas.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos Sánchez, interpuso la denuncia pidiendo que se evalúe la responsabilidad del director del Sena, su secretario general y otros funcionarios por lo que serían prácticas que limitarían la libre competencia. Uno de los aspectos más cuestionados es lo que se conoce como "pliegos sastre", condiciones diseñadas a la medida que restringirían la participación de múltiples oferentes. Según la denuncia, en varios procesos se habría exigido perfiles con requisitos poco comunes en el mercado, como posgrados específicos, certificaciones técnicas particulares y experiencia altamente especializada, incluso para cargos operativos donde normalmente no se requerirían tales exigencias.

La Red de Veedurías también menciona que empresas como Detección Ltda., Seguridad Fénix de Colombia y Atalaya Seguridad Ltda. habrían resultado favorecidas en procesos similares en otras entidades públicas, participando en licitaciones con un solo oferente o bajo condiciones que limitarían la competencia.

Los contratos cuestionados se distribuyen en varias regionales del Sena. En Meta alcanzarían cerca de 33.305 millones de pesos; en Cundinamarca, unos 38.860 millones; en Risaralda, alrededor de 41.174 millones; y en Sucre, cerca de 48.019 millones. Estos recursos están destinados a garantizar servicios de vigilancia en diferentes departamentos, con ejecución prevista hasta finales de 2026.

Por ahora, el Sena no se ha pronunciado sobre estas denuncias. La Procuraduría deberá evaluar si existe mérito para abrir una investigación disciplinaria que permita esclarecer si hubo irregularidades en estos millonarios contratos.