Hace una semana comenzó a sonar la alarma dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sobre problemas graves en los dispositivos que monitorean a personas condenadas a cumplir pena en sus casas. La preocupación no es menor: si los brazaletes electrónicos dejan de funcionar, la vigilancia se esfuma.

El escándalo gira en torno al contrato 357 de 2023, por el cual se invirtieron más de 113 mil millones de pesos en un sistema que debería mantener vigilancia constante sobre los privados de libertad. El acuerdo fue entre la Uspec y la Unión Temporal Efectiva, pero según documentos que llegaron a manos de la Procuraduría y que conoció la Unidad Investigativa de El Tiempo, la realidad es muy diferente a lo prometido.

Los brazaletes de monitoreo y los aparatos de comunicación que usan los presos estarían perdiendo conexión de manera recurrente. "Durante todo el proyecto se ha tenido promedio de 400 unidades de monitoreo sin comunicación y un igual número o superior de dispositivos complementarios sin comunicación, estando días, semanas y meses cada unidad sin monitoreo electrónico, sin seguimiento por parte de los operadores de monitoreo", dice la denuncia conocida por el medio de comunicación. Estos problemas comenzaron a documentarse desde 2024.

Desde el Inpec, sin embargo, cuentan otra historia. La institución sostiene que no tiene reportes oficiales sobre fallas masivas en el sistema. Aseguran que "Los brazaletes siempre han emitido señal y se comunican bien con la plataforma. El monitoreo es permanente". Para ellos, el responsable no es un fallo técnico sino el comportamiento de los internos, quienes incluso podrían estar apagando los dispositivos intencionalmente.

La denuncia ya está en manos de la Procuraduría y se espera que la Fiscalía también abra investigación. Lo que necesita aclararse es si estamos ante un descuido de los condenados o frente a un fallo sistemático en el control de personas que cumplen prisión domiciliaria. La diferencia no es de trámite: es de seguridad pública.