Cientos de mujeres colombianas enfrentan obstáculos para recibir diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, conocido actualmente por la comunidad científica como síndrome ovárico metabólico poliendocrino. La Superintendencia de Salud acaba de encender las alarmas sobre este problema que afecta a la salud hormonal, metabólica y reproductiva de muchas pacientes en el país.

Los números no son alentadores. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la entidad recibió 809 quejas de mujeres que denunciaron dificultades para acceder a los servicios que necesitan. Solo en mayo hubo 159 reclamos, una de las cifras más altas registradas en ese período. Lo más preocupante es que esto representa apenas una fracción real del problema, porque hay muchas mujeres que ni siquiera logran llegar a una consulta especializada para obtener un diagnóstico inicial.

Los obstáculos son diversos pero concentrados. La negación de citas médicas lidera con 194 reclamos, seguida por la falta de oportunidad en las consultas que suman 172 casos. También hay 108 denuncias por demoras en otros servicios de salud y 92 por la negación de tecnologías en salud que ya habían sido autorizadas. Las especialidades de endocrinología y ginecología son donde más se complica la situación: 292 reclamos estuvieron vinculados directamente a barreras en estos servicios, considerados fundamentales para tratar integralmente esta enfermedad.

Las mujeres jóvenes cargan con el peso mayor de esta crisis. El grupo entre los 14 y 28 años concentró 405 reclamos, mientras que las mujeres entre 29 y 59 años presentaron 395 denuncias. Pero hay algo más preocupante: 100 usuarias que reportaron ser de poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, incluyendo 67 personas desplazadas, 18 víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad que enfrentan barreras adicionales.

Geográficamente, el problema toca varias ciudades. Bogotá encabeza con 149 reclamos, seguida por Antioquia con 146 y Valle del Cauca con 117. A nivel de municipios, Bogotá sigue en primer lugar, luego Cali con 74 reportes y Medellín con 59. Las aseguradoras también tienen su responsabilidad en esto: Sura acumuló 134 reclamos, Sanitas 132, Nueva EPS 121, Salud Total 83 y Famisanar 50.

La Superintendencia advierte que el problema no se detiene con quienes ya tienen diagnóstico. "Las barreras no solo afectan a quienes ya cuentan con un diagnóstico confirmado, sino también a pacientes que permanecen en proceso de evaluación o sin una definición clínica, lo que retrasa el tratamiento y limita el abordaje integral de la enfermedad". Esto significa que muchas mujeres quedan atrapadas en un limbo sin poder acceder ni siquiera al primer paso para saber realmente qué les pasa.

La entidad aseguró que continuará "fortaleciendo las labores de inspección, vigilancia y control con el fin de garantizar el acceso oportuno a consultas, diagnósticos y tratamientos, así como proteger el derecho fundamental a la salud de las mujeres libre de barreras administrativas". Los reclamos ya fueron trasladados a las EPS para que gestionen la solución, pero la pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más tendrán que esperar estas mujeres para recibir la atención que necesitan.