En las zonas del Caribe más golpeadas por el frente frío de hace unos meses, los alcaldes están en vilo. La Corte Constitucional examina en estos momentos el Decreto 150, emitido el 11 de febrero como herramienta de emergencia económica, social y ambiental para atender los estragos que dejaron las lluvias torrenciales. Los alcaldes de estos diez departamentos, desesperados, han levantado la voz pidiendo una audiencia directa ante los magistrados para que conozcan de primera mano lo que sus comunidades están viviendo.

Hugo Armando Pinedo, alcalde de Ayapel, fue uno de los voceros de este clamor. "Nos dirigimos a la honorable Corte Constitucional. A ustedes, honorables magistrados, les pedimos una audiencia para que nos escuchen y conozcan la realidad de nuestros municipios y departamentos a raíz del frente frío que afectó nuestro territorio", manifestó. La preocupación que expresó es real y acuciante: si la Corte decide tumbar el decreto, simplemente no tendrán con qué reconstruir. Los recursos que autoriza esa norma son la esperanza de 150 mil familias damnificadas.

Pinedo fue claro en su mensaje al tribunal: "Hoy le imploramos, le pedimos con todo respeto que examinen bien la decisión que van a tomar y que mantengan en firme este decreto, que es la esperanza que tenemos para la reconstrucción de nuestro territorio, para la reconstrucción de nuestra economía y de nuestras vías, para que la seguridad alimentaria de nuestro territorio pueda ser una realidad". Los alcaldes insisten en que necesitan ser escuchados, que la Corte entienda las condiciones críticas en que se encuentran sus municipios en este momento.

Lo complejo es que en el tribunal y en el país hay posturas encontradas. Mientras la Defensoría del Pueblo ha respaldado la declaratoria de emergencia, argumentando que sus efectos siguen siendo vigentes y requieren medidas excepcionales, gremios como la ANDI han pedido que el decreto sea declarado inconstitucional, argumentando que el fenómeno climático era previsible. Es una discusión que tiene implicaciones enormes para la recuperación de estas regiones.

De momento, el decreto sigue vigente en líneas generales, aunque no está intacto. La Corte ya ha tomado decisiones provisionales que han impactado algunas medidas específicas. Por ejemplo, el 29 de abril de 2026 ordenó una suspensión parcial del cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, pero solo para fundaciones, ONG y ciertas entidades sin ánimo de lucro, no para todos los contribuyentes. Es un movimiento que muestra que el tribunal está siendo cauteloso mientras estudia a fondo cada aspecto del decreto. Los alcaldes, mientras tanto, esperan que sus voces lleguen a tiempo antes de que se tome una decisión final que podría cambiar el destino de sus territorios.