Con la seguridad urbana como prioridad, el presidente electo Abelardo de la Espriella convocó a través de redes sociales a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para construir conjuntamente lo que llamó "la más grande operación de seguridad urbana en Colombia". El anuncio llegó con un compromiso claro: firmar el decreto que cree estos bloques de defensa una vez se posesione el 7 de agosto. La iniciativa apunta directamente a los problemas que más asfixian a las ciudades: la violencia desenfrenada, los hurtos y los homicidios que siguen cobrándose vidas a diario.

Los alcaldes no tardaron en responder. Carlos Fernando Galán, desde Bogotá, fue enfático: "La Fuerza Pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas. Sólo debilitando estas estructuras vamos a recuperar la seguridad y disminuir los homicidios". Pero Galán también advirtió sobre un vacío importante: el país necesita redefinir su política criminal, porque muchos delincuentes capturados en la capital terminan libres nuevamente cuando se les levanta las órdenes de captura.

En Medellín, Federico Gutiérrez marcó distancia con la administración anterior. "Que diferencia un Presidente que quiere seguridad para la gente vs otro que venía a Medellín a hacer 'Tarimazos' con los criminales. Que nuestra gente viva tranquila", expresó, dejando clara su posición al agregar que "los únicos que deben sentir miedo son los criminales". Similar entusiasmo mostró Alejandro Char desde Barranquilla, quien recibió el anuncio con "beneplácito y esperanza", destacando que el liderazgo presidencial es fundamental para respaldar a quienes desde las regiones enfrentan este desafío constantemente.

Cali, azotada por la violencia de disidencias, el ELN y otros grupos al margen de la ley, también vio con buenos ojos la decisión. Alejandro Eder, su alcalde, fue directo: "Ese es el camino: coordinación, autoridad y acciones concretas para proteger a los ciudadanos". En Bucaramanga, Cristian Portilla ya se puso a trabajar, anunciando que prepararía "un informe detallado con cifras, estrategias y planes sobre el estado de la seguridad en Bucaramanga, para presentárselo y que sea estudiado antes de la firma del Decreto".

Lo interesante es que aunque la convocatoria inicial incluyó solo cinco ciudades, Cartagena no quiso quedarse afuera. Dumek Turbay, su alcalde, ofreció el territorio como sede del primer Consejo de Seguridad Nacional para la región Caribe, argumentando que la capital de Bolívar también sufre por bandas enfrentadas que requieren intervención desde el nivel central. "Necesitamos decisiones desde el nivel central para desactivar y desarticular a esas estructuras criminales que nos están haciendo daño", escribió en redes.

Mientras tanto, De la Espriella también anticipó otro cambio radical: el desmantelamiento de la política de Paz Total del gobierno anterior. "No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos. No habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad", fue su sentencia. Para los grupos ilegales, el mensaje es uno solo: "A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla". Con esto, la nueva administración busca recuperar el control territorial y fortalecer la presencia estatal en zonas que durante meses quedaron en manos de actores armados.