La paciencia de los alcaldes cordobeses se acabó. Desde la capital, los mandatarios de Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún levantaron la voz esta semana para denunciar la crisis de agua que tiene al límite a sus municipios. El encuentro en el Ministerio de Vivienda, acompañados por la Superintendencia de Servicios Públicos, fue el escenario perfecto para plantear sin rodeos lo que llevan aguantando miles de habitantes: un servicio de agua deficiente que afecta la vida cotidiana.

Los alcaldes Said Bitar, Fray Monterrosa, Alejandro Mejía y Jairo Balmaceda coincidieron en algo fundamental: no hay tiempo que perder. El problema es claro y está en la raíz del sistema: la planta de tratamiento colapsó por el manejo deficiente de los lodos, esos residuos que quedan después de procesar el agua. Mientras eso no se resuelva, miles de usuarios seguirán sin garantías de acceso a agua potable en sus hogares.

Con la empresa Aqualia en la mira, los alcaldes no se anduvieron con promesas vagas. Plantearon contratar una firma especializada que maneje adecuadamente los lodos y, sobre todo, dejaron claro el mensaje: si Aqualia no responde con rapidez y eficiencia, tendrá que ceder la operación del sistema. Es un ultimátum sin ambigüedades, respaldado por la decisión de mantener vigilancia permanente.

Los mandatarios saben que sus comunidades no pueden esperar indefinidamente. Cada día sin agua corriente de calidad es un día que afecta la salud, la educación y la economía de sus territorios. Por eso, más allá del ultimátum, anunciaron que están listos para tomar nuevas decisiones si la situación persiste. En Córdoba, el agua dejó de ser un asunto de negociación para convertirse en una exigencia innegociable.