El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encendió las alarmas tras descubrir que funcionarios públicos supervisaron la pintura de un mural ilegal el pasado 4 de julio en la avenida Ferrocarril con San Juan. El hecho lo llevó a pedir directamente a la Defensoría del Pueblo que investigue a estos servidores, quienes según reportes estaban en el lugar portando prendas y emblemas oficiales.

La molestia de Gutiérrez no es menor. Calificó de "impresentable ver cómo un servidor público de un órgano que pertenece al Ministerio Público, encargado de velar por los derechos humanos y la legalidad, termine actuando respaldando un acto que no cumple con la normativa". El mandatario exigió explicaciones sobre las razones de su presencia y si contaban con autorización para respaldar una actividad que violaba claramente la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo Distrital 010 de 2020.

Lo que agravó más la situación fue el contexto del mural. No se trató simplemente de un acto artístico espontáneo. Mientras pintaban, distribuyeron panfletos sobre el 50 aniversario de la 'Carta de Argel'. Gutiérrez fue contundente al señalar que el mensaje gráfico y los volantes "no son una expresión artística o cultura, sino que, son una apología a un movimiento que está siendo investigado internacionalmente como terroristas por la comisión de graves delitos".

La administración distrital no se quedó de brazos cruzados. Con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, cubrieron inmediatamente la zona para recuperar la infraestructura. Gutiérrez aclaró que en Medellín apoyan las expresiones artísticas que contribuyen a la cultura, pero tienen límites. "En Medellín cuidamos y protegemos los espacios comunes que pertenecen a todos los ciudadanos. Aquí no hay cabida para la ilegalidad, ni vamos a permitir que se utilicen los muros públicos sin autorización legal", enfatizó el alcalde.