Un nuevo escándalo de seguridad sacudió a Bogotá cuando la Policía Metropolitana logró capturar a dos sujetos que intentaban robar a plena luz del día en las inmediaciones del Centro Administrativo Nacional. Lo que parecía una operación exitosa se convirtió en un golpe bajo a la credibilidad del sistema judicial cuando los uniformados verificaron los antecedentes de los detenidos.

El hallazgo fue indignante: uno de los capturados tenía una condena vigente de 6 años de prisión y, para mayor incredulidad, portaba un brazalete electrónico de rastreo del INPEC en su pierna. Esto quería decir que supuestamente se encontraba cumpliendo su pena en casa, bajo el beneficio de detención domiciliaria. Sin embargo, ahí estaba, cometiendo delitos en la calle como si nada pasara.

El alcalde Carlos Fernando Galán no se quedó callado. A través de redes sociales, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su molestia, expresó: "Es momento de que el Ministerio de Justicia revise, a la mayor urgencia, su capacidad real de control sobre quienes tienen detención domiciliaria. No puede ser que quienes deberían estar cumpliendo su pena en casa sigan delinquiendo en las calles".

El mandatario bogotano fue más allá en su crítica y señaló lo que muchos ciudadanos sienten: que los esfuerzos de los policías por capturar delincuentes se diluyen cuando el sistema judicial y penitenciario los devuelve a la calle sin supervisión real. El llamado de Galán fue claro: debe haber coherencia en cómo se aplica la justicia, porque de nada sirve que las autoridades trabajen por detener criminales si después vuelven a las calles sin control.