Los vertimientos de aguas residuales que ensuciaron El Rodadero durante el último puente festivo encendieron nuevamente las alarmas en Santa Marta. El alcalde Carlos Pinedo Cuello no se anduvo con rodeos: pidió directamente al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que devuelvan la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) a manos de la administración distrital. A través de un comunicado, aseguró que estos episodios dejan clara la improvisación y la falta de soluciones reales durante todos estos años de intervención.

El mandatario fue contundente al señalar cómo estos derrames afectan directamente el bolsillo de Santa Marta. La imagen turística de la ciudad se daña, la economía local se golpea y los habitantes quedan expuestos a riesgos para su salud. Por eso insistió en que el Distrito necesita recuperar las riendas de la empresa para poder implementar soluciones que de verdad arreglen los problemas en acueducto, alcantarillado y aseo.

Los números no mienten. La Essmar lleva bajo intervención de la Superintendencia desde noviembre de 2021, y en ese tiempo han pasado nada menos que ocho agentes interventores sin que logren resolver los problemas de fondo. Ahora bien, en mayo de 2025, justo antes de que Santa Marta cumpliera 500 años, el Gobierno Nacional anunció el levantamiento de la intervención. La paradoja es que la empresa sigue bajo la administración de la Superintendencia, lo que genera incertidumbre sobre su futuro y paraliza las decisiones que la ciudad necesita con urgencia.

No es solo el alcalde quien levanta la voz. Distintos sectores cívicos y gremiales también han expresado su preocupación por la situación administrativa y financiera de la Essmar. Algunos incluso han sugerido la posibilidad de liquidar la empresa, especialmente porque sus deudas sumarían más de 84 mil millones de pesos. La tensión es clara: o el Distrito toma control y busca soluciones, o la empresa seguirá generando crisis que todos los samarios terminan pagando.