Víctor Alfonzo Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, fue puesto en prisión preventiva en el Centro Carcelario La Picota de Bogotá luego de una audiencia celebrada el 20 de mayo de 2026. Una juez de control de garantías ordenó esta medida tras considerar que el funcionario representa un peligro para la sociedad y para la víctima de los delitos que se le imputan: concusión y prevaricato por acción. La decisión se tomó después de analizar las pruebas presentadas por los denunciantes y escuchar los argumentos de la defensa del alcalde, representada por el abogado Ricardo Burgos, quien aún tiene la posibilidad de apelar.

Lo que sacó a la luz este caso fue una serie de grabaciones de tres llamadas telefónicas realizadas el 4, 5 y 6 de marzo de 2026. En esas conversaciones, Gamboa habría solicitado a la empresaria María Victoria Solarte una coima del 20% para autorizar una licencia de construcción para un proyecto de megamansión en la vereda Sábana de Villa de Leyva. Según los registros, el alcalde intentaba negociar pagos ilícitos para que la obra eludiera normas ambientales y territoriales. Sin embargo, la empresaria rechazó categóricamente la propuesta basándose en sus principios éticos, lo que cambió el curso de los eventos.

Después del rechazo, Gamboa modificó su postura. En una llamada del 6 de marzo, el alcalde expresó: "Como te lo dije en tu casa, pues yo estoy construyendo un proyecto político de largo aliento, juicioso y haciendo las cosas de la manera más adecuada, pero sobre todo haciéndolas, pensando en eso y lo que tú me dijiste de verdad me puso a pensar mucho y es frente a las principios éticos". Luego agregó que "entonces yo siguiendo tus palabras, tu consejo, doc, yo la verdad yo no voy a interferir en absolutamente nada, ¿sí me entiendes? Yo no me voy a poner a transgredir nada por intentar ayudar a X o Y persona. Jamás lo he hecho".

Lo irónico es que después de esta supuesta desistencia, las cosas fueron mal para la empresaria. La Inspección segunda de policía de Villa de Leyva emitió la resolución número 025 del 11 de abril de 2026, que ordenó contra Inversiones San Jacinto de Nelvic SAS una multa de 232 millones de pesos, la demolición de la obra de 5.200 metros cuadrados y el restablecimiento del daño ambiental.

El proyecto había comenzado en mayo de 2022 con una licencia de construcción para levantar una vivienda unifamiliar de un piso en 551 metros cuadrados. Sin embargo, en abril de 2023 la Secretaría de Planeación detectó que las obras excedían significativamente lo autorizado. Más adelante, en agosto de 2023, se comprobó que en el terreno se había desviado el cauce de la quebrada El Roble para crear un lago artificial, poniendo en riesgo la estabilidad del suelo. Además, se encontraron varios módulos habitacionales, una capilla y pesebreras construidas sin licencia alguna, violando directamente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

La empresaria finalmente denunció los hechos ante la Fiscalía el 28 de abril de 2026, denuncia que desencadenó la captura del alcalde Gamboa el 7 de mayo. Al día siguiente fue imputado por los delitos de prevaricato y concusión. Ahora la audiencia continúa y la defensa tiene aún oportunidad de apelar la medida de aseguramiento.