Una grabación interceptada por la Fiscalía sacudió a Villa de Leyva cuando salió a la luz que el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro habría pedido un soborno descomunal para desbloquear un proyecto urbanístico. El funcionario, detenido desde el 7 de mayo, enfrenta cargos serios: concusión y prevaricato por acción relacionados con la construcción de una mansión tasada en 6 millones de dólares en la vereda Sábanas, un proyecto que ha estado trabado desde 2021 por asuntos de licencia ambiental y de construcción.

Según las interceptaciones, el 4 de mayo Gamboa Chaparro le ofreció directamente a Victoria Solarte, representante de la empresa Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., una propuesta que suena sacada de un guión de película de gángsteres. "Lo que nosotros planteamos es que manejáramos un 20% del total del valor de la licencia para poderlo sacar adelante", le dijo. Incluso llegó a detallar la distribución del dinero: "Se distribuiría de la siguiente forma: inspectores 5%, Control Urbano 5%, y 10% el tema de Corpoboyacá y Planeación".

Solarte no se quedó callada. Al día siguiente, en otra llamada, fue clara y contundente con su respuesta: "Definitivamente, no me siento cómoda, no estoy tranquila, siento que va en contra de mis valores, de lo que me enseñaron mis papás, no quiero que procedamos así". El alcalde intentó justificarse argumentando que eran "demasiadas cosas encima" y que solo buscaba "resolver ese problema", pero la empresa no cedió.

Lo curioso del caso es que el 6 de mayo, dos días después de hacer la propuesta, Gamboa Chaparro cambió de tono completamente. En otra llamada, pareció arrepentido y dijo: "Lo que tú me dijiste me puso a pensar mucho, frente a los principios éticos y la formación de uno, yo estoy es de razonero, de mandadero, ayudando a sacar adelante el proyecto tuyo. Yo, siguiendo tus palabras, no voy a interferir en nada".

En los juzgados, el alcalde se declaró inocente. Su defensa sostiene que fue víctima de una trampa montada por los constructores, una versión que contrasta fuertemente con las palabras grabadas en las llamadas. Mientras tanto, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se distanció del asunto cuando fue consultado por El Tiempo, diciendo que desconoce el caso y que Gamboa Chaparro jamás le pidió ayuda con Corpoboyacá ni con licencias urbanísticas.

Por ahora, queda pendiente que el juez defina qué pasa con el funcionario: si seguirá en detención, si le concederá libertad provisional o qué medida cautelar le asignará mientras avanza el proceso penal.