En la madrugada del 7 de mayo, agentes del CTI capturaron al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, cuando llegaba a su despacho en la administración municipal. Lo trasladaron al bunker de la Fiscalía en Bogotá, donde el funcionario negó rotundamente los cargos: "No es cierto, yo no doy licencias", expresó a los medios que cubrían su llegada a las instalaciones de la institución.

La investigación contra Gamboa comenzó el 28 de abril cuando la representante legal de la empresa Inversiones San Jacinto Nelvic SAS denunció que le estaba solicitando coimas a cambio de la licencia de construcción para una mansión que ejecuta por fases en zona rural del municipio. Según la denuncia, las exigencias económicas superarían los 400 millones de pesos. Se trata de la familia Solarte, empresarios nariñenses reconocidos por haber ejecutado durante 14 años la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, una obra que superó los mil billones de pesos y culminó en 2016.

La Fiscalía señala que Gamboa realizó las solicitudes indebidas a través de llamadas, mensajes de WhatsApp y reuniones presenciales. Incluso, habría solicitado la contratación de una persona específica y posteriormente un aumento de su salario. Se le investiga por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Las autoridades incautaron los celulares del saliente secretario de Planeación, Luis Fernando Cárdenas, y del inspector de Policía, William Molina, para reunir material probatorio para la audiencia de imputación de cargos.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se solidarizó públicamente con Gamboa. Desde Bucaramanga manifestó: "Respeto por la justicia y solidaridad con la familia del alcalde. Ojalá pueda con su debido proceso y con su equipo de abogados demostrar su inocencia". Posteriormente, en Tunja añadió que ya conversó con la mamá y hermana del alcalde, expresándoles apoyo en esta situación que calificó como "lamentable".

En Villa de Leyva la comunidad se muestra dividida. Mientras algunos habitantes ven en esto un reflejo de la falta de gestión y graves problemas de seguridad local, otros defienden fervientemente al mandatario. Un adulto mayor consideró que "la Fiscalía cometió un error al capturarlo, porque para mí eso fue un secuestro, porque debe haber una formalidad muy diferente".

Este no es el primer escándalo judicial que enfrenta Gamboa. En enero de 2026 ya había sido imputado por la celebración de contratos sin cumplir requisitos legales y presuntas inhabilidades. En ese momento defendió su gestión explicando que el contrato investigado ascendía a 13 millones de pesos, formaba parte de un proceso para optimizar el banco de maquinaria y nunca llegó a ejecutarse.

La captura del alcalde se suma a una preocupante ola de escándalos de corrupción en Boyacá. El 9 de abril capturaron a un funcionario de tránsito en Duitama por extorsión, y el 29 de abril fue capturada la inspectora de Policía de Sogamoso, Carolina Rincón, junto a su pareja, por presuntamente exigir 6 millones de pesos a cambio de no sancionar una construcción ilegal.