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Alcalde de San Alberto rechaza acusaciones de alias "Satanás" sobre vínculos con grupos armados

Fuente: El País Vallenato

El alcalde de San Alberto, Edgar Ricardo Díaz, negó categóricamente tener relaciones con organizaciones criminales después de que alias "Satanás", excomandante del Clan del Golfo, lo mencionara en una entrevista al hablar de financiamiento de campañas políticas. Díaz aseguró que ha sido víctima de amenazas y extorsiones desde mayo de 2024. El mandatario pidió protección a las autoridades ante los riesgos para su seguridad y la de su familia.

El alcalde de San Alberto, Edgar Ricardo Díaz, salió al paso de las acusaciones que en su contra lanzó alias "Satanás", excomandante del Clan del Golfo. El funcionario negó de plano cualquier vínculo con grupos armados ilegales y tildó de falsas las afirmaciones del criminal, quien durante una entrevista con un medio nacional lo señaló al referirse a una presunta financiación de campañas políticas en el Cesar.

Según relató Díaz, los contactos intimidantes comenzaron en mayo de 2024 a través de llamadas telefónicas, videos y mensajes de voz. En esas comunicaciones, alias "Satanás" le exigía que enviara un abogado para evitar ser involucrado en un proceso judicial. El alcalde enfatizó que lejos de estar vinculado a esa estructura criminal, él ha sido perseguido y extorsionado por la misma organización desde los primeros meses de su administración.

La situación escaló de tal forma que Díaz decidió formalizar acciones judiciales en noviembre de 2024, aunque señaló que las intimidaciones habían comenzado varios meses antes. Los hechos fueron denunciados oportunamente ante las autoridades competentes, según explicó el funcionario.

Preocupado por las declaraciones públicas de alias "Satanás", el alcalde expresó su temor por las posibles consecuencias para él y su familia. La zona sur del Cesar ha enfrentado históricamente problemas graves de seguridad, lo que agudiza su angustia ante estos señalamientos. Por esa razón, Díaz solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos judiciales para garantizar su protección y esclarecer lo sucedido.

Fuente original: El País Vallenato

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