En Montelíbano la seguridad no espera, pero las obras sí. El alcalde Gabriel Alberto Calle Demoya encendió la alarma por los retrasos que enfrenta la construcción del Mega Comando de Policía, un proyecto considerado fundamental para contener la violencia en esta zona de Córdoba. La preocupación es legítima: se trata de una infraestructura que requiere más de 18 mil millones de pesos, ya fue adjudicada y está en ejecución, pero según el mandatario, avanza de manera lenta y sin explicaciones claras.

El contexto lo dice todo. Montelíbano es territorio marcado por la presencia de grupos armados y hechos violentos de alto impacto. Cada día que pasa sin avances en este proyecto implica que la región sigue vulnerable y que las estructuras de seguridad siguen siendo insuficientes. Por eso el alcalde no dudó en escalar el problema hacia el Ministerio del Interior, pidiendo que intervenga directamente, supervise el avance y asegure que la obra no se quede abandonada a mitad del camino.

Pero la crisis de seguridad en Montelíbano tiene múltiples frentes. El alcalde también puso sobre la mesa otro problema que sofoca a la región: el hacinamiento en los centros de detención está desbordado. Su solución es clara y urgente: acelerar la construcción de un nuevo establecimiento carcelario que ayude a aliviar esta presión que colapsa los espacios existentes en la subregión del San Jorge.

Lo que la comunidad montelibaneña necesita ya no son promesas sobre papel. Requiere que estos proyectos se ejecuten con celeridad y que los resultados lleguen efectivamente a las calles. En un territorio donde la violencia no descansa, cada semana de atraso se convierte en una semana de riesgo.