En medio de la segunda vuelta presidencial que definía el rumbo político del país, Medellín se vio sacudida por denuncias de intimidación electoral. El alcalde Federico Gutiérrez alertó sobre presuntas amenazas contra votantes en el nororiente de la ciudad, especialmente dirigidas a quienes portaban la camiseta de la Selección Colombia al dirigirse a los puestos de votación. Según el mandatario, integrantes de estructuras criminales operando en el sector buscaban interferir directamente en el derecho al voto de los ciudadanos.

Gutiérrez fue contundente en su respuesta ante lo denunciado. Aunque reconoció que los hechos ya habían sido reportados al Puesto de Mando Unificado, críticó lo que consideraba falta de atención: "Eso ya fue reportado al puesto de Mando Unificado, y es lo mismo a lo que tantas gabelas le ha dado el gobierno nacional: ese es el resultado. Pero la instrucción mía a la Policía ha sido muy clara: nada de tenerle miedo a los criminales, los vamos a derrotar también". Con esa determinación, ordenó un despliegue sin precedentes para blindar la democracia en la capital antioqueña.

La respuesta de la Alcaldía fue inmediata y de gran envergadura. Aproximadamente 4.000 uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y del Ejército Nacional se distribuyeron estratégicamente en los más de 250 puestos de votación habilitados en las comunas y corregimientos de Medellín. La misión era clara: garantizar que ningún ciudadano sintiera temor a la hora de ejercer su derecho fundamental al voto, especialmente en los sectores donde se habían reportado las intimidaciones.

Para coordinar todas las acciones sobre el terreno, las autoridades instalaron el Puesto de Mando Unificado, un centro de control desde donde monitoreaban en tiempo real la seguridad y el orden público de toda la jornada electoral. Este mecanismo permitía a la Policía, el Ejército y la Alcaldía articular una respuesta inmediata ante cualquier alteración o intento de constreñimiento al elector. El constreñimiento, que en términos legales es cuando se usa violencia o amenazas para impedir que alguien vote, constituye un delito contemplado en el Código Penal colombiano con potenciales procesos judiciales para los responsables.

Las autoridades ya adelantaban labores de identificación de quienes estuvieron tras las intimidaciones. Además, habilitaron líneas de atención ciudadana para que cualquier persona que se sintiera intimidada pudiera denunciar de inmediato ante la Fuerza Pública desplegada en su sector. El alcalde insistió en que esta jornada representaba un momento crucial para el restablecimiento del orden y la legalidad en los territorios más golpeados por la violencia, y advirtió que las estructuras criminales que intentaran sabotear la democracia no tendrían garantías ante la justicia.

La presencia de uniformados se mantuvo activa hasta el cierre total de la jornada, incluyendo el conteo de votos en los puestos donde se habían reportado las amenazas, garantizando así la transparencia del proceso electoral en toda Medellín.