En Cereté la situación con el agua potable se ha vuelto insostenible. El alcalde Said Bitar no aguantó más las quejas de los cereteanos y le metió un requerimiento formal a Aqualia, la empresa encargada del servicio. Lo que pide es simple pero contundente: que suspendan el cobro mientras el servicio siga fallando. Así la gente pagaría únicamente por lo que realmente usa, no por cargos fijos de un servicio que ni siquiera llega a sus casas.

Los problemas se intensificaron durante marzo y abril de este año. Barrios como Venus, Botavén, Santa María, Miraflores, Las Palmas y San Rafael quedaron sin agua durante semanas. Zonas rurales como Venados-Campanitos y La Pozona la pasaron aún peor: algunos residentes llevan meses sin poder abrir una llave. "El requerimiento también señala que fugas de gran magnitud están causando inundaciones y deteriorando la malla vial, lo que sumado a la falta de agua, genera graves riesgos sanitarios y vulnera la salubridad pública de los cereteanos", expresó el alcalde.

Las fugas no solo dejan sin agua a la gente, también han inundado las calles y dañado las vías. Es un círculo vicioso: mientras Aqualia cobra por un servicio deficiente, la infraestructura se deteriora más y crece el riesgo para la salud pública. Por eso el alcalde también aclaró que los subsidios que establece la ley deben aplicarse únicamente sobre el consumo real, para que el dinero llegue a quien de verdad lo necesita.

La paciencia se agotó. La Alcaldía le dio a Aqualia tres días hábiles para que presente un informe explicando qué pasó y un plan de acción con fechas concretas para arreglar esto. ERAS S.A. E.S.P. quedó encargada de vigilar que se cumpla. Si Aqualia no responde como debe, el alcalde ya advirtió que irá más allá: llevará el caso ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos. En Cereté ya se cansaron de promesas incumplidas.